El recorte de sueldos en Canal Sur llega al Constitucional
La sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha acordado por unanimidad elevar al Tribunal Constitucional (TC) el decreto ley de medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público andaluz por si fuera contrario a la Carta Magna. En un auto la sala acuerda elevar una cuestión de constitucionalidad por entender "que podría afectar al contenido esencial del derecho a la libertad sindical en relación con el derecho a la negociación colectiva".
Este caso responde al conflicto colectivo presentado por CGT, UGT, CC OO y el Sindicato de Periodistas de Andalucía, contr...
La sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha acordado por unanimidad elevar al Tribunal Constitucional (TC) el decreto ley de medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público andaluz por si fuera contrario a la Carta Magna. En un auto la sala acuerda elevar una cuestión de constitucionalidad por entender "que podría afectar al contenido esencial del derecho a la libertad sindical en relación con el derecho a la negociación colectiva".
Este caso responde al conflicto colectivo presentado por CGT, UGT, CC OO y el Sindicato de Periodistas de Andalucía, contra Canal Sur Televisión SA, RTVA y Canal Sur Radio SA. Y es el cuarto auto que la Audiencia remite al Constitucional por el mismo motivo.
La Audiencia pide al TC que resuelva también si los decretos de la Junta "han vulnerado o no el derecho de igualdad" al tratar diferenciadamente en materia retributiva al personal de RTVA respecto del personal laboral de sus empresas filiales". El auto recuerda que el decreto del Gobierno "excluye la reducción retributiva al personal laboral no directivo de las sociedades del sector público andaluz, entre las que se encuentran Canal Sur Televisión SA y Canal Sur Radio SA, salvo que por negociación colectiva se decida su aplicación".
Por otro lado, la Audiencia Nacional y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía han admitido a trámite sendos recursos presentados por el Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía (Safja) contra el decreto ley del Gobierno andaluz que contempla la bajada de los salarios de los empleados públicos de la Junta de Andalucía.