Las agencias privadas atenderán a parados con más dificultad
Las empresas que intermedien no podrán cobrar a los desempleados
El Gobierno ya ha redactado el decreto que regulará las agencias de colocación. En él, entre las 15 obligaciones que el Ministerio de Trabajo pone a las empresas privadas que quieran intermediar en el mercado laboral está la de prestar especial atención a los colectivos con problemas a la hora de encontrar empleo (mujeres, jóvenes, parados de larga duración...). Con ello trata de evitar que se dediquen exclusivamente a colocar a los parados con más posibilidades de encontrar empleo y dejen que sean los servicios públicos los que se ocupen de los colectivos más problemáticos.
Este decret...
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El Gobierno ya ha redactado el decreto que regulará las agencias de colocación. En él, entre las 15 obligaciones que el Ministerio de Trabajo pone a las empresas privadas que quieran intermediar en el mercado laboral está la de prestar especial atención a los colectivos con problemas a la hora de encontrar empleo (mujeres, jóvenes, parados de larga duración...). Con ello trata de evitar que se dediquen exclusivamente a colocar a los parados con más posibilidades de encontrar empleo y dejen que sean los servicios públicos los que se ocupen de los colectivos más problemáticos.
Este decreto, todavía un borrador enviado a los agentes sociales, es uno de los deberes que la reforma laboral fijaba al Gobierno para concluir antes del 31 de diciembre.
Gran parte del contenido sigue las directrices recogidas en la reforma laboral. Por ejemplo, el decreto impide que las empresa que intermedien cobren a los parados, por lo que tendrá que ser la otra parte, el empleador, quien se haga cargo del coste.
Uno de los aspectos más novedosos del decreto atañe a las agencias que pretendan colaborar con los servicios públicos y acceder a programas de empleo específico cobrando la respectiva subvención. Para evitar que surjan compañías que destinadas únicamente a captar subvenciones en este campo, Trabajo estipula que las agencias con ánimo de lucro deberán obtener al menos un 40% de su facturación por otras vía que no sea la de los servicios públicos. Este porcentaje baja al 10% si se trata de agencias sin ánimo de lucro.
En lo que no entra el borrador es en regular la actividad de intermediación en Internet, algo que ha provocado cierto malestar entre los sindicatos, que creen que se debería haber aprovechado la oportunidad.