El Consell critica al fiscal superior por no actuar de oficio contra Luna
El TSJ rechaza la declaración de Peláez en la causa de los trajes de Camps
El Consell dio ayer una vuelta de tuerca más y asumió el argumentario del PP para criticar al fiscal superior de la Comunidad Valenciana, Ricard Cabedo, por no actuar de oficio contra el portavoz socialista en las Cortes, Ángel Luna. El PP ha denunciado a Luna por exhibir en el Parlamento un informe policial del caso Gürtel, referido a la supuesta financiación ilegal de los populares valencianos, que se hallaba bajo secreto de sumario.
"La fiscalía tuvo la oportunidad, ante la comisión de un delito, de actuar de oficio, pero no actuó", dijo ayer la portavoz del Consell, Paula Sán...
El Consell dio ayer una vuelta de tuerca más y asumió el argumentario del PP para criticar al fiscal superior de la Comunidad Valenciana, Ricard Cabedo, por no actuar de oficio contra el portavoz socialista en las Cortes, Ángel Luna. El PP ha denunciado a Luna por exhibir en el Parlamento un informe policial del caso Gürtel, referido a la supuesta financiación ilegal de los populares valencianos, que se hallaba bajo secreto de sumario.
"La fiscalía tuvo la oportunidad, ante la comisión de un delito, de actuar de oficio, pero no actuó", dijo ayer la portavoz del Consell, Paula Sánchez de León. La consejera recurrió a una declaración de Cabedo en las Cortes para apuntillar: "La fiscalía no solo no es adivina, sino que no ha querido adivinar otras cosas".
Blasco: "Reitero nuestro respeto por el funcionamiento de la Justicia"
Cabedo contesta al PP por escrito que hará lo que dicta la ley
Lo que sí hizo la fiscalía el pasado jueves fue contestar al escrito que Rafael Blasco le dirigió y en el que pretendía condicionar la posición de petición de archivo de la segunda querella del PP contra Luna por supuesto cohecho. En aquel escrito, de tres páginas, Blasco puso en duda la imparcialidad de la fiscalía. El fiscal superior, en medio folio, le ha recordado al consejero lo que la Ley de Enjuiciamiento Criminal dice respecto a la actuación del ministerio público en cualquier causa, que es impulsar o no un procedimiento en función de que exista o no delito. La fiscalía entiende que los hechos imputados a Luna están prescritos. Ocurrieron supuestamente en 1997 y solo podrían ser tipificados del cohecho descrito en el artículo 425 del Código Penal. La prescripción máxima en ese caso sería de tres años.
En cambio, ayer Blasco, en contra de las críticas vertidas por Paula Sánchez de León, y ante Juan Luis de la Rúa y el propio Ricard Cabedo, dijo públicamente: "Reiteramos nuestro respeto al funcionamiento de la Justicia".
En este contexto, la consejera portavoz declinó valorar la información publicada ayer en EL PAÍS que recoge declaraciones ante el juez del caso Gürtel de los empleados de Forever Young, en las que explican el papel del popular Federico Trillo y del propietario de la firma para desprestigiar al sastre del presidente de la Generalitat. "Una vez más, el Partido Socialista insiste en esa estrategia de juicios paralelos, sentencias mediáticas y vulneración de secreto de sumarios", prosiguió la portavoz, "y como se les han acabado los capítulos del serial recurren al refrito. Ahora son recopilatorios, no hay nada nuevo".
Luna, por su parte, afirmó: "A pesar de los titánicos esfuerzos de Mariano Rajoy por quitarle importancia al asunto de los trajes, la participación de la dirección nacional del PP, a través de Federico Trillo, en este intento de manipular las pruebas, pone en evidencia que les preocupa y les tiene nerviosos este asunto".
Precisamente en el caso de los trajes regalados por la trama Gürtel, en el que está imputado por supuesto cohecho pasivo impropio el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, hubo ayer novedades. La Sala de Lo Civil y Penal del TSJ ha rechazado casi todas las diligencias solicitadas por Camps, como ya hizo el magistrado instructor, José Flors.
Le ha dicho que sí a una: que un perito designado por él analice la documentación contable con los mismos límites que tuvo la Agencia Tributaria. Y le ha dicho que no a varias declaraciones, entre ellas la de Ignacio Peláez, abogado de Pablo Crespo (uno de los cabecillas de la trama), del que hay grabada una conversación con su defendido en prisión donde se les escucha decir que Camps "debió pagarse sus trajes".