El PP se opone a regular la publicidad institucional por ser víspera electoral

Como la Xunta no se decide a impulsar la prometida ley de publicidad institucional, el PSOE le tomó la delantera y presentó una proposición de ley. La defendió ayer en el pleno el diputado José Manuel Lage, con el argumento principal de introducir "garantías" en el período electoral, con limitaciones de los actos institucionales de las distintas administraciones en vísperas de las citas con las urnas. El PP la rechazó. Y lo hizo, precisamente, por la proximidad de las elecciones municipales de mayo de 2011, que a su diputado Antonio Rodríguez Miranda no le pareció "el momento más apropiado par...

Como la Xunta no se decide a impulsar la prometida ley de publicidad institucional, el PSOE le tomó la delantera y presentó una proposición de ley. La defendió ayer en el pleno el diputado José Manuel Lage, con el argumento principal de introducir "garantías" en el período electoral, con limitaciones de los actos institucionales de las distintas administraciones en vísperas de las citas con las urnas. El PP la rechazó. Y lo hizo, precisamente, por la proximidad de las elecciones municipales de mayo de 2011, que a su diputado Antonio Rodríguez Miranda no le pareció "el momento más apropiado para iniciar ese proceso".

Rodríguez Miranda, que apeló a "criterios de oportunidad" para justificar el voto en contra, anunció el propósito de promover una ley "desde el Gobierno" que "tenga en cuenta las aportaciones" de ayuntamientos y diputaciones, aunque no adelantó plazo alguno. Por lo demás, el parlamentario popular le puso pocos peros al proyecto que presentaron los socialistas, que consideró "una enmienda a la totalidad" al que presentó el bipartito al final de la pasada legislatura y que decayó con la disolución del Parlamento antes de las elecciones. "Antes eran alérgicos al control y ahora piden más", ironizó Miranda.

El pleno aprueba el protocolo de fusión de las cajas con la abstención del BNG

La propuesta del PSdeG, que fue derrotada con el voto en contra del PP y el apoyo del BNG, pretendía regular las relaciones entre la Xunta y las administraciones locales con los medios de comunicación, dando "carpetazo" a la discrecionalidad en el empleo de recursos públicos destinados a los medios. Lage recordó que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, prometió en campaña electoral una norma de estas características, intención que fue ratificada el pasado febrero en el Parlamento por el conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda.

El diputado del PSdeG destacó que la ley recoge limitaciones y prohibiciones de actos institucionales durante las campañas electorales y garantías para la publicidad de los Gobiernos en todos los procesos electorales con incidencia en Galicia. El texto pretendía obligar a las administraciones a ser "plenamente transparentes" en la contratación de la publicidad institucional, para evitar "un uso partidario de las instituciones". Otra de las novedades consistía en "regular las ayudas de la publicidad institucional" en los medios de comunicación, "con criterios objetivos y favoreciendo la transparencia informativa".

Lage puntualizó que se trataba de "poner punto final a un sistema viciado en la actualidad, donde el Gobierno de turno no se rige por criterios objetivos y transparentes". La propuesta socialista planteaba objetivar las ayudas de acuerdo con los datos de difusión o audiencia y la estabilidad laboral. El Bloque, que apoyó la iniciativa, señaló que, con la situación que atraviesan los medios de comunicación, "muy pocos subsistirían" sin las ayudas públicas. "Es un vínculo que provoca dependencias hacia el poder político", alertó el nacionalista Alfredo Suárez Canal, por lo que defendió regular una relación que "puede condicionar uno de los derechos fundamentales".

Lo que sí aprobó el pleno, no sin debate, fue el protocolo de fusión de las cajas de ahorros, un trámite preceptivo para que Caixanova y Caixa Galicia consumen su integración. El Partido Popular y los socialistas votaron a favor, en tanto que el BNG se abstuvo, después de considerar que el acuerdo traiciona los objetivos de la Lei de Caixas, basada en una proposición de ley de los nacionalistas. El diputado del Bloque Fernando Blanco aseguró que, con los cambios en marcha, "se abren las puertas a la privatización". Pedro Puy, del Grupo Popular, consideró la fusión "la mayor operación económica de la historia contemporánea" en Galicia, mientras que el socialista Xaquín Fernández Leiceaga advirtió de los "peligros" que acecharán a la nueva caja.