El Supremo archiva la querella contra el alcalde de Gádor
El Tribunal Supremo ha archivado la querella contra el alcalde de Gádor (Almería) y senador del PP, Eugenio Gonzálvez, por presuntos delitos de prevaricación en relación con la adjudicación de unos contratos de obras. Así lo ha acordado la Sala de lo Penal del TS en un auto, en el que archiva las actuaciones contra el senador "una vez que de la instrucción puede establecerse de forma suficiente la inexistencia de indicios bastantes de una conducta delictiva imputable al querellado".
El alcalde de Gádor, que declaró por estos hechos el pasado 12 de abril en el Supremo, defendió su inocen...
El Tribunal Supremo ha archivado la querella contra el alcalde de Gádor (Almería) y senador del PP, Eugenio Gonzálvez, por presuntos delitos de prevaricación en relación con la adjudicación de unos contratos de obras. Así lo ha acordado la Sala de lo Penal del TS en un auto, en el que archiva las actuaciones contra el senador "una vez que de la instrucción puede establecerse de forma suficiente la inexistencia de indicios bastantes de una conducta delictiva imputable al querellado".
El alcalde de Gádor, que declaró por estos hechos el pasado 12 de abril en el Supremo, defendió su inocencia y aseguró que llevaba 23 años trabajando por el bien del Ayuntamiento. La citación de Gonzálvez se produjo después de que el Supremo admitiera a trámite la querella interpuesta contra él por el grupo socialista en el Ayuntamiento por la adjudicación de unas obras "sin tramitar ninguna clase de procedimiento de licitación", por valor de más de 148.722 euros.
El mes pasado el TS rechazó ampliar la querella contra Gonzálvez al considerar que no se acreditan hechos constitutivos de delito penal relacionados con la adjudicación de obras municipales. El auto, que recuerda que la Fiscalía pidió el archivo de esta causa, concluye que no corresponde al Supremo determinar "si el procedimiento elegido era el pertinente o si, siéndolo, se han seguido todos los trámites marcados por la normativa vigente" y añade que tal responsabilidad incumbe a los tribunales contencioso-administrativos.