Feijóo tensa la cuerda con Zapatero y amenaza con acudir a los tribunales
Acusa al Gobierno central de trasladar sus "recortes sociales" a las autonomías
La mala relación entre la Xunta y el Gobierno de España puede pasar del reproche mutuo a los tribunales. Cansado de repetir sus infructuosas críticas al Ejecutivo de Rodríguez Zapatero para posponer la devolución de los 2.600 millones de euros hasta que amaine la crisis, Alberto Núñez Feijóo avanzó ayer un paso más y tensó la cuerda de sus ya maltrechas relaciones con el gabinete socialista. Advirtió de que si el Gobierno recorta también el fondo de cooperación y los 240 millones que en su opinión le corresponden a Galicia en esta anualidad, acudirá a los tribunales para denunciar que Zapatero...
La mala relación entre la Xunta y el Gobierno de España puede pasar del reproche mutuo a los tribunales. Cansado de repetir sus infructuosas críticas al Ejecutivo de Rodríguez Zapatero para posponer la devolución de los 2.600 millones de euros hasta que amaine la crisis, Alberto Núñez Feijóo avanzó ayer un paso más y tensó la cuerda de sus ya maltrechas relaciones con el gabinete socialista. Advirtió de que si el Gobierno recorta también el fondo de cooperación y los 240 millones que en su opinión le corresponden a Galicia en esta anualidad, acudirá a los tribunales para denunciar que Zapatero incumple el modelo de financiación autonómica firmado hace unos meses.
"Si la amenaza del Gobierno se confirma y el recorte sobre los ya anunciados, de 240 millones, la Xunta acudirá al juzgado y actuará en consecuencia. Se confirma que el Estado está cuadrando sus cuentas a través de las autonomías, que están buscando a los presidentes autonómicos para hacer un recorte social a través de las comunidades autónomas. Es sorprendente que ni siquiera cumplan un mal acuerdo de financiación".
"Si el Estado recorta otros 240 millones, acudiremos a los tribunales"
El PP censura "la falta de visión del PSOE sobre el Estado autonómico"
Tras plantear esa amenaza, subrayó que los recortes de los "servicios sociales no esenciales" que llevará a cabo para menguar las cuentas de la Xunta en al menos 1.200 millones de euros y volvió a cargar contra la política económica del PSOE en Madrid, incluida la subida de la luz que su partido pactó con el ministro de Industria. Lejos de la autocrítica y, pese a que Galicia es la comunidad que más desempleo ha generado desde su llegada al poder, atribuyó toda la responsabilidad del paro al Gobierno de Zapatero, después de enumerar la subida del IVA, del déficit y de la deuda pública.
A medida que se acercan las municipales los escasos puentes que había entre la Xunta y la Moncloa se resquebrajan. La mínima cortesía que se dispensaban el titular de Fomento, José Blanco y el propio Feijóo, también ha saltado también por los aires. Con la foto del Pacto do Obradoiro -para sacar del debate político el AVE y las grandes infraestructuras hecha añicos- ayer el presidente gallego recordó al ministro que faltan dos meses para licitar los tramos de Alta Velocidad de unión con la Meseta y que el tiempo corre en su contra. El día anterior, Blanco había pedido coherencia a la Xunta por censurar los recortes de obras del Gobierno central mientras reprograma sus propios proyectos.
Por si los choques con el Ejecutivo de Madrid fueran pocos, ayer el secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías -enemigo acérrimo de la Xunta desde la negociación del recurso ante el Tribunal Constitucional contra la Lei de Caixas- limitó el traspaso de las bonificaciones empresariales que previsiblemente recibirá Euskadi a aquellas comunidades que hayan reformado el Estatuto o estén en proceso de hacerlo. Ya por la mañana, Feijóo había censurado a el modo en que el PSOE está negociando los presupuestos con el PNV. Nada más leer las declaraciones de Zarrías, el Partido Popular emitió una nota pública en la que su viceportavoz parlamentario Pedro Puy alertó de que los requisitos que impone Zarrías "no tienen sustento jurídico".
El diputado popular advirtió de que por el procedimiento del artículo 150.2 de la Constitución el Gobierno central puede traspasar competencias "a cualquier comunidad siempre que haya acuerdo entre las dos partes". Puy insistió también en que el mismo texto alerta contra la "no discriminación", amén de insistir en que tampoco el Estatuto vasco ha sido reformado desde 1979, tras el frustrado intento del Plan Ibarretxe. "Es sorprendente", lamentó.
El duro comunicado del PP denuncia el "sectarismo y oportunismo partidario " de Zapatero y sus ministros y critica que el Gobierno central opere ahora de esta manera. Recordó la negativa de los diputados socialistas en el Congreso a traspasar el tráfico a Galicia, pese a que el PP también se abstuvo en la votación y propició el rechazo parlamentario. "Uno ya empieza a sospechar ante su preocupante falta de visión del Estado de las Autonomías", remachó Puy. El PSdeG, entretanto, insistió en que la frustrada reforma del Estatuto, que atribuyen a Feijóo cuando estaba en la oposición, es un obstáculo para lograr nuevas transferencias.