El castigo del déficit
El endeudamiento 'per cápita' de Andalucía será el segundo más bajo de España pese a su mayor solvencia
La Junta va a sostener el pulso con el Ejecutivo central hasta lograr que se le autorice elevar su nivel de endeudamiento para combatir la crisis, antes de cerrar el capítulo de ingresos de su presupuesto para 2011. Y es que en el Gobierno andaluz se ha instalado un cierto descontento con el método de reparto utilizado por Economía para cumplir los criterios de estabilidad. Se entiende que el haber cumplido las órdenes del Ejecutivo central en materia de estabilidad presupuestaria y déficit no solo no va a suponer una posición preferente sino que ha situado a la comunidad a la cola, en cuanto ...
La Junta va a sostener el pulso con el Ejecutivo central hasta lograr que se le autorice elevar su nivel de endeudamiento para combatir la crisis, antes de cerrar el capítulo de ingresos de su presupuesto para 2011. Y es que en el Gobierno andaluz se ha instalado un cierto descontento con el método de reparto utilizado por Economía para cumplir los criterios de estabilidad. Se entiende que el haber cumplido las órdenes del Ejecutivo central en materia de estabilidad presupuestaria y déficit no solo no va a suponer una posición preferente sino que ha situado a la comunidad a la cola, en cuanto a posibilidades de obtener financiación vía deuda.
La Junta ha hecho los números y ha comprobado que se sitúa en penúltimo lugar de las 17 comunidades autónomas en cuando a posibilidades de endeudamiento por habitante (223,7 euros, sólo por encima de Extremadura, 218,86) para el ejercicio de 2011, pese a tener unos niveles de solvencia mejores que los de otras comunidades y una deuda acumulada por habitante notablemente inferior.
El Gobierno andaluz pide pagar con deuda la devolución de la financiación
Es por ello que la Consejería de Hacienda trabaja a contrarreloj en una doble dirección para obtener más recursos. De un lado, ha reclamado al Gobierno que le permita endeudarse por la cantidad que le será retenida este año, y durante cinco ejercicios, para hacer frente a la devolución de las cantidades recibidas de más en 2008 por cuenta de la financiación autonómica.
Esta partida supondrá 295 millones de euros adicionales para el presupuesto de 2011 (Andalucía tiene que devolver casi 1.500 millones de euros recibidos de más en 2008). La Junta entiende que ese exceso de financiación recibido en 2008 ya se computó como deuda al realizar la liquidación de la financiación autonómica de aquel año, y no afectaría por tanto al tope de déficit del 1,3% del PIB que se ha fijado para 2011. Fuentes de la Consejería de Hacienda han señalado que el planteamiento va a ser "radical" ante el Ejecutivo.
De otro lado, la Junta insiste en lograr que el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero reconsidere, como ha hecho con los municipios, el veto a aumentar el déficit por encima del 1,3% del PIB.
La Junta va a proponer a la vicepresidenta económica, Elena Salgado, una fórmula con la que podría salvarse el objetivo de déficit y al mismo tiempo aumentar las posibilidades de endeudamiento a las comunidades con mayor solvencia financiera. La propuesta en síntesis consistiría en repartir entre las comunidades más saneadas y que lo soliciten -con criterios de solvencia, en definitiva-, la parte o el porcentaje de déficit que no utilicen otras comunidades, habida cuenta que algunas autonomías ya han anunciado que no van a utilizar el endeudamiento como vía para obtener recursos, especialmente las gobernadas por el PP. De esta forma, el objetivo del 1,3% del PIB acumulado del Gobierno se respetaría.
Esta fórmula podría realizarse antes o después de elaborados los presupuestos. Es decir, el Gobierno, a la vista de los presupuestos para 2011 aprobados por los distintos parlamentos autonómicos podría repartir ese sobrante o bien antes, si las las comunidades se pronuncian ante Economía.
Desde la Junta se argumenta además que este método combatiría las críticas del PP sobre lo nefasto de recurrir al endeudamiento para financiar a las Administraciones, y obligaría a los dirigentes autonómicos a retratarse en la elaboración de los presupuestos y en el cumplimiento posterior de la estabilidad presupuestaria.