El PSdeG acusa a Hernández de recuperar 31 minicentrales

La afirmación de Agustín Hernández de que no autorizará ninguna minicentral eléctrica hasta que esté aprobado el Plan Hidrológico Galicia-Costa, el año próximo, son para el PSdeG la prueba de sus intenciones. La diputada socialista Carmen Gallego acusó ayer al conselleiro de Medio Ambiente de "saturar los ríos gallegos" con nuevas estaciones eléctricas, convencida de que el plan que Hernández presentó el miércoles será la herramienta por la que la Xunta recupere los 31 proyectos aprobados por el Gobierno de Fraga y que paralizó el bipartito por carecer de "planificación ambiental".

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La afirmación de Agustín Hernández de que no autorizará ninguna minicentral eléctrica hasta que esté aprobado el Plan Hidrológico Galicia-Costa, el año próximo, son para el PSdeG la prueba de sus intenciones. La diputada socialista Carmen Gallego acusó ayer al conselleiro de Medio Ambiente de "saturar los ríos gallegos" con nuevas estaciones eléctricas, convencida de que el plan que Hernández presentó el miércoles será la herramienta por la que la Xunta recupere los 31 proyectos aprobados por el Gobierno de Fraga y que paralizó el bipartito por carecer de "planificación ambiental".

La responsable de Medio Ambiente del Grupo Parlamentario del PSdeG retó al conselleiro a afirmar que "no va a autorizar ninguna minicentral" en los ríos de Galicia, ya que de lo contrario "incumplirá el acuerdo parlamentario alcanzado a instancias del grupo socialista". En este sentido, Gallego indicó que su petición está "en consonancia" con lo que el PSdeG hizo cuando gobernaba, "que fue la paralización" de estas instalaciones.

Recordó la diputada que el proyecto de las 31 minicentrales "fue aprobado in extremis en el mes de julio de 2005, ya con un Gobierno Fraga en funciones", y cuando "el señor Hernández era presidente de Augas de Galicia".

Gallego también precisó a Agustín Hernández que el Plan Hidrológico, cuyo borrador se publicará en el Diario Oficial de Galicia la semana próxima, "es un imperativo legal". España tiene que elaborar un plan nacional en el que se incluyan los programas de cada comunidad autónoma, y el Gobierno central "no puede hacerlo hasta que todas las comunidades hayan entregado sus partes".

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