UGT recurre la reordenación de las empresas públicas
La Federación de Servicios Públicos del sindicato UGT de Andalucía presentará en los próximos días un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra el decreto de reordenación del sector público por el que se rediseñan todas las empresas públicas de la Junta. El recurso se presentará ante el TSJA por una presunta vulneración de derechos fundamentales, donde además se pedirá la suspensión del decreto.
Desde el sindicato se asegura que posteriormente presentarán otro recurso por la vía ordinaria, por el juzgado de instrucción, contra el contenido del propio decre...
La Federación de Servicios Públicos del sindicato UGT de Andalucía presentará en los próximos días un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra el decreto de reordenación del sector público por el que se rediseñan todas las empresas públicas de la Junta. El recurso se presentará ante el TSJA por una presunta vulneración de derechos fundamentales, donde además se pedirá la suspensión del decreto.
Desde el sindicato se asegura que posteriormente presentarán otro recurso por la vía ordinaria, por el juzgado de instrucción, contra el contenido del propio decreto, toda vez que, en su opinión: "Hay aspectos de esta norma que no son aplicables".
Ese decreto ha sido recurrido por ser "contrario a derecho y causa de lesión para los legítimos intereses de nuestros representados", agregó este sindicato. Una vez que se presente este recurso, el TSJA deberá admitirlo a trámite y posteriormente se abrirá el plazo para formalizar la demanda, donde ampliarán su argumentación.
Reducción salarial
La Federación de Servicios Públicos de UGT de Andalucía interpuso otro recurso contencioso administrativo ante el TSJA contra otra norma, contra el decreto-ley de la Consejería de Hacienda y Administración de la Junta de Andalucía, por el cual se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público andaluz, donde se pide como medida cautelar la suspensión de la ejecución del decreto autonómico.
Ese recurso contra el decreto que preveía recortes salariales de los empleados públicos, fue interpuesto por el procedimiento especial para la protección de derechos fundamentales.