La Fiscalía y el PP recurren la sentencia del 'caso Nevada'
La Fiscalía de Granada y el Partido Popular han presentado sendos recursos contra la sentencia del caso del Centro Comercial Nevada de Armilla (Granada), que condena a José Antonio Morales Cara, ex alcalde socialista de la localidad, y a Gabriel Cañavate, ex concejal de Urbanismo, a penas de siete meses de cárcel y de inhabilitación para desempeñar cargo público por la tramitación irregular del centro comercial. También fue condenado el promotor de la instalación Tomás Olivo.
La fiscalía considera que se han aplicado a los responsables unas penas "mínimas", pese a que se muestra conform...
La Fiscalía de Granada y el Partido Popular han presentado sendos recursos contra la sentencia del caso del Centro Comercial Nevada de Armilla (Granada), que condena a José Antonio Morales Cara, ex alcalde socialista de la localidad, y a Gabriel Cañavate, ex concejal de Urbanismo, a penas de siete meses de cárcel y de inhabilitación para desempeñar cargo público por la tramitación irregular del centro comercial. También fue condenado el promotor de la instalación Tomás Olivo.
La fiscalía considera que se han aplicado a los responsables unas penas "mínimas", pese a que se muestra conforme con la mayor parte del fallo. El fiscal, Valentín Ruiz, cree que el fallo puede provocar "el indeseado efecto criminogénico de anular la importantísima función preventiva o admonitoria de los preceptos legales", informa Europa Press. En el mismo documento, la fiscalía vuelve a solicitar la demolición "completa, íntegra y total", aunque dejando la puerta abierta a la parcial y a una tercera posibilidad que consistiría en la presentación de un proyecto alternativo antes de que la sentencia sea firme.
Por su parte, el Partido Popular, que se había personado como acusación particular, solicita la condena de los cuatro concejales absueltos y un aumento de las penas. El presidente del partido en Granada, Sebastián Pérez, dijo que el caso Nevada "es el único de corrupción en España" en el que no se ha permitido investigar el patrimonio de los imputados pese a que existe un informe de la Guardia Civil que constató que "sus bienes no se correspondían con sus ingresos".