El organismo de control acusa a la Xunta de impedir la liberalización
La prórroga de concesiones de líneas de autobús vulnera un reglamento de la UE
Lo avisó en abril y lo cumple ahora. La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) -el organismo público que vigila el equilibrio en el mercado- recurrió el lunes ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia el plan de concesiones de líneas de autobús que aprobó en febrero la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas. El plan se ampara en una ley aprobada en noviembre de 2009 por la Xunta para extender las concesiones en las líneas de autobuses que extiende el servicio hasta casi 2030 en algunos casos, superando de largo las prórrogas de cinco años que autoriza Bruselas. La...
Lo avisó en abril y lo cumple ahora. La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) -el organismo público que vigila el equilibrio en el mercado- recurrió el lunes ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia el plan de concesiones de líneas de autobús que aprobó en febrero la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas. El plan se ampara en una ley aprobada en noviembre de 2009 por la Xunta para extender las concesiones en las líneas de autobuses que extiende el servicio hasta casi 2030 en algunos casos, superando de largo las prórrogas de cinco años que autoriza Bruselas. La consellería rechaza cambiar la ley y aduce que la comisión no tiene competencia para ejercer el recurso.
Competencia solicitó, sin éxito, que se modificase la norma
Infraestructuras cree que la comisión no puede recurrir el plan
Según la CNC, la Xunta promulgó la ley con el fin de eliminar "cualquier atisbo de liberalización, aunque viniera impuesto por el cumplimiento de las normas comunitarias". Se refiere el organismo público a un reglamento de la Unión Europea de 2007, que regula cómo se han de adjudicar las líneas de transporte. En su articulado establece con carácter general la licitación pública y sólo autoriza las concesiones y sus prórrogas en supuestos restringidos.
Justo antes de que entrase en vigor la norma comunitaria el 3 de diciembre pasado, el Parlamento autónomo promulgó una ley -el PSdeG se abstuvo y el BNG votó en contra-, que prorrogaba automáticamente durante 10 años todas las concesiones. Ya en marzo, Infraestructuras aprobó el Plan de Modernización de las Concesiones de Transporte Público Regular Permanente de Personas de Uso General por Carretera de Galicia, que contiene el listado de las líneas prorrogadas. En casi todos los casos el periodo de vigencia de las licencias supera con creces el año 2020, y en dos casos llega hasta 2029. La resolución de la consellería también extendió hasta 2020 las concesiones de transporte escolar, año a año y de forma automática. La CDC requirió a la Xunta que modificase la norma, pero asegura que no recibió respuesta.
El conselleiro de Infraestruturas, Agustín Hernández, justificó ayer la norma. "La Xunta defenderá los derechos que le corresponden en el ejercicio de sus competencias en materia de transporte", señaló, e incidió que la norma reduce las tarifas anuales de las concesionarias de las líneas de transporte escolar.
El departamento sostiene además que la norma, pese a excluir la entrada de nuevas empresas en el negocio, promueve la competitividad porque "recoge una serie de medidas tecnológicas y socio-laborales, cuyo objetivo es la modernización del sector". Infraestructuras interpreta asimismo que la CDC no tiene competencia para llevar el asunto a los Tribunales. Su argumento es que, pese a que el organismo público recurre una disposición reglamentaria, "cuestiona materialmente una norma legal".
El PSdeG también se pronunció ayer sobre el caso. La portavoz de Facenda en el Parlamento, María José Caride, apoyó el recurso. "Cualquier ciudadano, con independencia, puede observar indicios de que se está limitando la competencia", señaló la diputada, según recoge Europa Press. Los plazos que establece la UE son, según ella, "meridianos". El bipartito había prorrogado con anterioridad las concesiones, pero sólo para el año 2009.
La CDC lleva ya tiempo cuestionando la normativa de las Comunidades Autónomas en esta materia. En un informe de abril relataba maniobras similares a la de la Xunta en otras 11 comunidades, y en junio recurrió también el plan de transportes de la Comunidad Valenciana.