Las pérdidas llevan a disolver Emarsa y dejar la depuradora de Pinedo al Consell
La empresa pública Emarsa, que gestiona la depuradora de Pinedo (Valencia), está a un paso de la disolución por sus abultadas pérdidas, que superan los ocho millones de euros. El consejo de administración, presidido por el alcalde de Manises, Enrique Crespo, del PP, decidió ayer plantear a una próxima junta de accionistas la revocación de un acuerdo de junio que pretendía afrontar la mala situación financiera con una reducción del capital social, y pasar directamente a la disolución de Emarsa. La sociedad depende de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi), que integran Valenc...
La empresa pública Emarsa, que gestiona la depuradora de Pinedo (Valencia), está a un paso de la disolución por sus abultadas pérdidas, que superan los ocho millones de euros. El consejo de administración, presidido por el alcalde de Manises, Enrique Crespo, del PP, decidió ayer plantear a una próxima junta de accionistas la revocación de un acuerdo de junio que pretendía afrontar la mala situación financiera con una reducción del capital social, y pasar directamente a la disolución de Emarsa. La sociedad depende de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi), que integran Valencia y los municipios de su área metropolitana y que preside el propio Crespo.
El consejo de administración de la depuradora también propone a los accionistas, que en definitiva es el Emshi, controlado por mayoría por el PP, que la instalación pase a manos de la empresa de saneamiento de la Generalitat a través de un convenio con el fin de garantizar el servicio. Ese convenio deberá establecer las condiciones de la cesión y la liquidación de la deuda.
El portavoz socialista en el Emshi, el alcalde de Albal, Ramón Marí, denunció el mes pasado la deficiente gestión de Emarsa y la "falta de transparencia" ante sus peticiones de información. Marí criticó que nueve directivos de la depuradora cobran más que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero (que percibe unos 78.000 euros anuales). Además, Marí denunció que en 2009 la depuradora contrató 4,7 millones de euros con empresas externas "sin ningún tipo de control ni fiscalización".