El juez impone penas leves o absuelve a los 11 acusados del 'caso Nevada'

El Juzgado de lo Penal 3 de Granada ha condenado al ex alcalde de Armilla, José Antonio Morales Cara (PSOE), y el ex concejal de urbanismo Gabriel Cañavate, a siete meses de prisión y siete años de inhabilitación especial por un delito de prevaricación urbanística en la tramitación irregular del polémico parque comercial Nevada, proyectado como el mayor de Andalucía y cuyas obras fueron paralizadas en 2006. El fiscal había pedido tres años y cuatro meses de prisión y 20 años de inhabilitación para ambos políticos, que han sido absueltos de los delitos de infidelidad en la custodia de documento...

El Juzgado de lo Penal 3 de Granada ha condenado al ex alcalde de Armilla, José Antonio Morales Cara (PSOE), y el ex concejal de urbanismo Gabriel Cañavate, a siete meses de prisión y siete años de inhabilitación especial por un delito de prevaricación urbanística en la tramitación irregular del polémico parque comercial Nevada, proyectado como el mayor de Andalucía y cuyas obras fueron paralizadas en 2006. El fiscal había pedido tres años y cuatro meses de prisión y 20 años de inhabilitación para ambos políticos, que han sido absueltos de los delitos de infidelidad en la custodia de documento público y contra la ordenación del territorio.

A pesar de que el fiscal consideró que la demolición "íntegra" del centro era la única salida para corregir el daño causado, ahora el juez decreta necesario derribar menos del 1% de sus 275.000 metros cuadrados. La pena ha sido leve también para el promotor del centro comercial, Tomás Olivo, imputado en el caso Malaya, y acusado de un delito contra la ordenación del territorio y otro de desobediencia grave a la autoridad judicial. Olivo ha sido condenado a siete meses de prisión y una multa de 7.800 euros por haber construido parte del complejo sobre espacios verdes. El fiscal pedía para él dos años y dos meses de cárcel.

Sin embargo, la mayor discrepancia entre el juez y el fiscal ha surgido respecto a la demolición del edificio. De sus 275.000 metros cuadrados construidos, la sentencia solo ordena la demolición de apenas 1.446 metros cuadrados, menos del 1% de su superficie. "La pretensión de demolición del Centro Comercial Nevada ya sea de manera total o parcial es legalmente inviable", expone la sentencia. Según el juez, no puede aplicarse a este caso el artículo 320 del código penal ya que resulta que los únicos acusados incriminados por este artículo son el alcalde y el resto de los concejales de la corporación local. "La petición de demolición no se deduce contra estos sino paradójicamente contra Tomás Olivo, que no ha sido acusado en ningún grado de participación delictiva por este delito y además se interesa que responda de la demolición como un responsable subsidiario", añade.

Por tanto, el juez aplica el artículo 319, que prevé la demolición únicamente de las edificaciones o construcciones realizadas sin autorización o licencia en suelos no urbanizables como zonas verdes o bienes de dominio público. El magistrado explica en su sentencia, de 145 páginas, que Morales Cara y Cañavate prevaricaron cuando concedieron la licencia de obras al centro comercial, ya que la aprobaron "a sabiendas" del contenido desfavorable de dos informes (uno técnico y otro jurídico) y sin tener en cuenta sus consideraciones. Sin embargo, en contra de lo que estimaba la fiscalía y las acusaciones, el juez no cree que los ex cargos socialistas fueran responsables de que los informes desaparecieran y no se aportaran al expediente aprobado aquel día, ya que no existen pruebas, sino meras "sospechas" de que lo hicieran.

El resto de los acusados (los cuatro concejales acusados de favorecer la concesión de la licencia, dos arquitectos y dos abogados) han sido absueltos de los delitos de prevaricación que se les imputaban. Durante el juicio, los cuatro ediles imputados alegaron que votaron a favor de la concesión de la licencia de obras porque no constaba informe jurídico a favor ni en contra de la misma y el alcalde les había asegurado que el proyecto tenía "suficiente soporte jurídico".