Investigados empresarios que trabajaron en Castro de Rei
Las detenciones del alcalde de Castro de Rei, tres concejales del equipo de Gobierno, dos funcionarios de la Diputación y su vicepresidenta segunda no han sido las únicas efectuadas en el municipio lucense en los últimos meses. También fueron arrestados un buen número de empresarios que construyeron en la localidad y que están siendo investigados por un supuesto tráfico de influencias.
Las pesquisas tuvieron su origen en una supuesta trama de explotación de inmigrantes, la Operación Pollo, todavía en fase de investigación. Así ha quedado al descubierto una vez que la Audiencia P...
Las detenciones del alcalde de Castro de Rei, tres concejales del equipo de Gobierno, dos funcionarios de la Diputación y su vicepresidenta segunda no han sido las únicas efectuadas en el municipio lucense en los últimos meses. También fueron arrestados un buen número de empresarios que construyeron en la localidad y que están siendo investigados por un supuesto tráfico de influencias.
Las pesquisas tuvieron su origen en una supuesta trama de explotación de inmigrantes, la Operación Pollo, todavía en fase de investigación. Así ha quedado al descubierto una vez que la Audiencia Provincial de Lugo ha obligado a la titular del Juzgado de Instrucción número 3, Estela San José, a levantar el secreto de sumario derivado de las detenciones del alcalde y concejales de Castro de Rei en septiembre de 2009.
Aunque las partes no recibieron al completo el sumario, sí ha trascendido que las primeras escuchas fueron ordenadas en 2008, vinculadas a un supuesto delito contra la ordenación del territorio. Casi las tres cuartas partes de los documentos del sumario que se han hecho públicos están centradas en escuchas telefónicas, que ponen a la instructora sobre la pista de una posible trama para levantar de forma irregular un centenar de viviendas en la parroquia de Castro Riberas de Lea, en Castro de Rei, sobre un terreno de una cooperativa. La juez investiga ahora la adjudicación de obras menores en Castro de Rei, que no superan los 200.000 euros, con una imputación generalizada de tráfico de influencias unida, en algunos casos, a la de prevaricación. La instructora sospecha que buena parte de estas obras se adjudicaban a dedo.