El PP rectifica y acepta los topes de la FAMP a los sueldos de los alcaldes
Tras varios intentos fallidos de emprender una huida hacia adelante, el PP decidió ayer rectificar y acogerse al acuerdo de la Federación Andaluza de Municipios (FAMP) para regular los sueldos de los alcaldes a partir de las próximas elecciones locales de 2011. Javier Arenas se reunió ayer con los regidores y portavoces de su partido en el Parlamento andaluz y enmendó la negativa del pasado lunes a seguir una pauta común en las retribuciones de los alcaldes según la población de los municipios.
El PP se había abstenido en la reunión del pleno de la FAMP del pasado día 3, en la que PSOE,...
Tras varios intentos fallidos de emprender una huida hacia adelante, el PP decidió ayer rectificar y acogerse al acuerdo de la Federación Andaluza de Municipios (FAMP) para regular los sueldos de los alcaldes a partir de las próximas elecciones locales de 2011. Javier Arenas se reunió ayer con los regidores y portavoces de su partido en el Parlamento andaluz y enmendó la negativa del pasado lunes a seguir una pauta común en las retribuciones de los alcaldes según la población de los municipios.
El PP se había abstenido en la reunión del pleno de la FAMP del pasado día 3, en la que PSOE, IU y PA refrendaron una tabla de los sueldos (análoga a los de la Junta) con el argumento de que necesitaba más tiempo. Luego calificó la propuesta de "disparate" y "timo", acusó al PSOE de iniciar una "cacería contra los alcaldes del PP" y la rechazó.
Fuentes populares reconocieron ayer que la postura del partido en esta cuestión había sido un "error", fruto de la escasa presencia de los regidores del PP en la asamblea de la FAMP donde se debatió el sistema retributivo. En consecuencia, el PP retomó las conversaciones con los socialistas para reengancharse al acuerdo, y pidió un nuevo pleno de la FAMP, en el que se pueda discutir también algunos matices y mejorar la equidad del reparto de sueldos con la introducción de nuevos tramos.
El acuerdo de la FAMP constituye la primera medida que se adopta en 31 años de ayuntamientos democráticos para racionalizar los sueldos de los regidores, que son llamativamente desiguales, ya que cada pleno de los ayuntamientos fija la cantidad que le parece en virtud de la autonomía municipal.