Los freseros piden al fiscal que elimine las chabolas en Huelva
La patronal cree que se "usa" el trato a 'sin papeles' para "atacar al sector"
La organización agrícola andaluza Interfresa entregó ayer un escrito a la Fiscalía Provincial de Huelva solicitando su intervención para erradicar las decenas de asentamientos chabolistas repartidos por la provincia, que han causado, según la organización, un "daño irreparable" al sector. Para Interfresa, que engloba al 100% de productores y comercializadores de la fresa (el 98% se recoge en Huelva), los campamentos ilegales -donde viven, sobre todo, inmigrantes subsaharianos- han provocado, en parte, "los ataques de la prensa extranjera" de los últimos meses.
Tanto en Francia como en S...
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La organización agrícola andaluza Interfresa entregó ayer un escrito a la Fiscalía Provincial de Huelva solicitando su intervención para erradicar las decenas de asentamientos chabolistas repartidos por la provincia, que han causado, según la organización, un "daño irreparable" al sector. Para Interfresa, que engloba al 100% de productores y comercializadores de la fresa (el 98% se recoge en Huelva), los campamentos ilegales -donde viven, sobre todo, inmigrantes subsaharianos- han provocado, en parte, "los ataques de la prensa extranjera" de los últimos meses.
Tanto en Francia como en Suiza se han emitido documentales muy críticos con las condiciones laborales y de salubridad de los temporeros y su entorno. Interfresa lamenta en su escrito que se haya identificado a los empresarios agrarios como "los culpables de este drama". "Ciertos medios han usado esta lamentable imagen para desprestigiar y atacar al sector", señala la organización, que acude a la Fiscalía porque, asegura, las gestiones realizadas ante distintos Ayuntamientos y ante la Subdelegación del Gobierno en Huelva "no han dado fruto".
Interfresa habla de "tragedia humana" y denuncia que las numerosas campañas informativas y los mecanismos de control (sobre todo en los contratos en origen) no han impedido que "centenares de personas hayan entrado de forma irregular en España con la esperanza de obtener un trabajo" que después no han encontrado. "Los inmigrantes ilegales no pueden ser contratados bajo ningún concepto", dice. Las multas pueden alcanzar hasta los 60.000 euros y, en algunos casos, penas de cárcel: "Ningún empresario puede correr semejante riesgo".