La juez abre otra línea de investigación por el agujero contable de Mercasevilla
La magistrada detecta 20 supuestas irregularidades en las cuentas de la empresa
La juez Mercedes Alaya ha abierto una nueva causa por las irregularidades económicas en la empresa Mercasevilla. Tras el intento de pedir comisiones ilegales y la venta de suelo "fraudulenta", la magistrada indaga ahora la ampliación de la querella presentada por el PP e investigará el agujero contable que dejó la anterior cúpula.
Los ex directivos Fernando Mellet, Daniel Ponce y Pilar Giraldo han sido imputados por un delito continuado de malversación de caudales públicos, fraude y exacciones ilegales, delito societario y apropiación indebida. El rosario de supuestas irregularidades in...
La juez Mercedes Alaya ha abierto una nueva causa por las irregularidades económicas en la empresa Mercasevilla. Tras el intento de pedir comisiones ilegales y la venta de suelo "fraudulenta", la magistrada indaga ahora la ampliación de la querella presentada por el PP e investigará el agujero contable que dejó la anterior cúpula.
Los ex directivos Fernando Mellet, Daniel Ponce y Pilar Giraldo han sido imputados por un delito continuado de malversación de caudales públicos, fraude y exacciones ilegales, delito societario y apropiación indebida. El rosario de supuestas irregularidades incluye la financiación de los ERE, gastos con tarjetas de crédito sin recibos, concesión de becas y reparto de dividendos entre los directivos.
La juez apunta a que además de los tres ex directivos, los imputados podrían aumentar, tal y como el PP señaló en su querella, que incluía el primer teniente alcalde de IU en el Ayuntamiento, Antonio Rodrigo Torrijos y el actual gerente de Mercasevilla, Juan Carlos Recio. La juez desgrana "graves anomalías contables" y hasta 20 irregularidades que podrían ser delictivas y que maquillaron unas pérdidas de 1,5 millones en las cuentas de 2008. Ese año los directivos declararon que Mercasevilla presentó unas ganancias de 250.000 euros.
La auditoría de la empresa Deloitte destapó el supuesto y masivo engaño en las cuentas de la empresa, y ahora la juez ha recogido el testigo. Entre las aclaraciones pedidas por Alaya, destaca la "posible ausencia de compromiso de pago por parte de la Junta" en el pago del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de 2007, que tuvo un costo de nueve millones. Hasta ahora la Junta ha negado su participación en la financiación del ERE, a pesar de las reclamaciones de la empresa y diferentes sindicatos para que la Consejería de Empleo asumiera parte de la costosa regulación.
La juez reclama pagos, facturas y detalles contables a la Policía Judicial, Mercasevilla y los ex directivos. Pero también usos de una tarjeta de crédito sin soporte documental, gastos de viaje no justificados de Ponce, una beca de estudios concedida a la hija de la presidenta de la asociación de mayoristas, dobles pagos, así como servicios prestados a diferentes empresas y gastos de campañas publicitarias. Finalmente, la investigación analizará por qué la auditoría encargada por el Ayuntamiento a Price Waterhouse-Coopers no detectó ninguno de los numerosos errores contables. Para esta auditora la gestión de la anterior cúpula había sido ejemplar.