La fiscalía pide archivar parte de la causa contra Lopera
El ministerio público cree que algunos delitos han prescrito
"Si fuera el defensor de Manuel Ruiz de Lopera sentiría alivio. Es un avance para él". Así se expresaba ayer Miguel Cuéllar, cabeza visible de la plataforma Liga de Juristas Béticos, una de las asociaciones que ha denunciado al máximo accionista del Betis por presunto delito societario al frente de su gestión de la entidad. El motivo de estas palabras radica en que el fiscal ha enviado un escrito al Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla en el que pide el archivo de parte de la causa contra Lopera porque considera que los hechos investigados entre 1993 y 1998 han prescrito.
No obstante, la...
"Si fuera el defensor de Manuel Ruiz de Lopera sentiría alivio. Es un avance para él". Así se expresaba ayer Miguel Cuéllar, cabeza visible de la plataforma Liga de Juristas Béticos, una de las asociaciones que ha denunciado al máximo accionista del Betis por presunto delito societario al frente de su gestión de la entidad. El motivo de estas palabras radica en que el fiscal ha enviado un escrito al Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla en el que pide el archivo de parte de la causa contra Lopera porque considera que los hechos investigados entre 1993 y 1998 han prescrito.
No obstante, la fiscalía está a la espera de que los expertos concluyan su análisis de la totalidad de las cuentas del Betis hasta 2008, por lo que la gestión del club por parte de Lopera podría ser constitutiva de delito desde 1998. La Fiscalía de Sevilla fue la primera que denunció la gestión de Lopera en el Betis, por, presuntamente, "descapitalizar" el club "en beneficio propio o de terceros" y "con abuso de su cargo como consejero delegado o administrador de hecho", si bien su denuncia sólo se refería a la empresa Encadesa, que gestionó el club a partir de 1999.
El archivo se solicita pese a que el informe de los peritos judiciales que han analizado las cuentas del Betis asegura que entre 1993 y 1998 la gestión de Tegasa (empresa interpuesta por Lopera) ha causado al propio club un perjuicio de 12,4 millones de euros. La fiscalía actúa de acuerdo con la jurisprudencia de la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo.
"Nos esperábamos esta decisión, aunque no es más que un criterio del fiscal. Eso sí, enormemente cualificado", añadió Miguel Cuéllar, quien sostiene que "este criterio debe ser admitido ahora por la audiencia. Nosotros seguimos pensando que los hechos investigados no han prescrito, por lo que seguiremos adelante". Pepe Tirado, presidente de Por Nuestro Betis, otra de las asociaciones denunciantes, argumentó por su parte que "todavía no se ha dictaminado si Lopera ha cometido o no delitos continuados. Ante este criterio de la fiscalía hay que esperar el informe pericial por completo, aunque resulta evidente que esta petición se contrapone totalmente con la opinión de las acusaciones".
Se espera que los peritos judiciales, que llevan casi dos años analizando las cuentas del Betis, presenten antes del verano la totalidad de su informe, ocasión en la que el fiscal decidirá si pide que continúe la causa. Las diligencias se abrieron el 19 de marzo de 2008, a petición de la fiscalía. La defensa de Lopera considera que la gestión del máximo accionista benefició al club en 19 millones de euros.