La Audiencia rechaza investigar la gestión de Lopera en 1992

La Audiencia de Sevilla ha rechazado investigar la constitución del Betis en sociedad anónima deportiva en 1992 por parte del máximo accionista Manuel Ruiz de Lopera, tal y como había ordenado la juez Mercedes Alaya, que instruye el caso. La magistrada había pedido indagar los contratos suscritos entre el Betis y las empresas controladas por Lopera, Tegasa y Encadesa, y retrotraer sus pesquisas a 1992 por un supuesto enriquecimiento ilícito mediante un delito societario. Sin embargo, ahora la Audiencia ha frenado ampliar la investigación ya que no observa "una mínima apariencia" de que Lopera ...

La Audiencia de Sevilla ha rechazado investigar la constitución del Betis en sociedad anónima deportiva en 1992 por parte del máximo accionista Manuel Ruiz de Lopera, tal y como había ordenado la juez Mercedes Alaya, que instruye el caso. La magistrada había pedido indagar los contratos suscritos entre el Betis y las empresas controladas por Lopera, Tegasa y Encadesa, y retrotraer sus pesquisas a 1992 por un supuesto enriquecimiento ilícito mediante un delito societario. Sin embargo, ahora la Audiencia ha frenado ampliar la investigación ya que no observa "una mínima apariencia" de que Lopera cometió delito ese año. Además, la Sección Primera de la Audiencia matiza que incluso en caso de que existiera delito, estaría prescrito, a menos que se tratara de "un delito continuado".

La juez Alaya instruye este complejo caso en el que la fiscalía considera que Lopera descapitalizó el Betis a través de la sociedad anónima "en beneficio de sus empresas". La acusación por una presunta administración desleal o de apropiación indebida al descapitalizar el Betis, nació tras una denuncia presentada por la asociación Béticos por el Villamarín, crítica con la gestión del club, ante la Fiscalía General del Estado.

La juez consideraba "crucial para la investigación" indagar la transformación del club en 1992, pero la Audiencia rectifica su intención: "No consta indicio alguno de que los contratos firmados en junio de 1992 entre Farusa y la anterior directiva no fueran firmados libre y voluntariamente por los intervinientes", ni que "se empleara engaño o se indujera a error". Los jueces corrigen a la magistrada al señalar que su auto "no indica de qué delito podría ser constitutivo" los hechos que ordena investigar. De este modo, los peritos que investigan las cuentas del Betis limitarán sus pesquisas al periodo entre 1993 y 2008. Los técnicos han pedido diversas prórrogas debido a la complicada instrucción, que ya acumula 10.000 folios.