Aprietos para modernizar las cajas

El presidente de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), Juan Ramón Quintás, va a iniciar de forma inmediata el periodo de consultas para proceder a la sucesión en el cargo. El relevo se producirá en abril, y Quintás quiere acelerar el proceso durante febrero y marzo para llegar a la asamblea general con un nombre lo más consensuado posible. Sin embargo, y muy a su pesar, el profesor gallego dejará el cargo sin haber resuelto el reto de modificar la Ley Orgánica de Regulación de Cajas de Ahorros (LORCA), que data de 1985. O, lo que es lo mismo, de despolitizar el sector, o...

El presidente de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), Juan Ramón Quintás, va a iniciar de forma inmediata el periodo de consultas para proceder a la sucesión en el cargo. El relevo se producirá en abril, y Quintás quiere acelerar el proceso durante febrero y marzo para llegar a la asamblea general con un nombre lo más consensuado posible. Sin embargo, y muy a su pesar, el profesor gallego dejará el cargo sin haber resuelto el reto de modificar la Ley Orgánica de Regulación de Cajas de Ahorros (LORCA), que data de 1985. O, lo que es lo mismo, de despolitizar el sector, obsesión que comparte con el Banco de España.

Las reticencias de las comunidades autónomas a perder el poder han empantanado, hasta la fecha, los movimientos de integración de las cajas como a éstas les hubiera gustado. De ahí que sólo hayan avanzado algunas operaciones intrarregionales, como en Cataluña. Pero se resiste a fusiones interregionales. No hay más que ver, en ese sentido, los cambios programados en la ley por el Gobierno de Galicia para fusionar las dos cajas de la región (Caixa Galicia y

Caixa Nova) y evitar que otra entidad de fuera (por ejemplo, Caja Madrid) se meta por medio.

Las modificaciones han recibido críticas en el sector y de la autoridad, que lo consideran un atropello. Ahora que se pretende restar poder político, precisamente va en sentido contrario. Llama la atención que haya sido un Gobierno del PP el que haya dado ese paso cuando el grupo presidido por Mariano Rajoy se ha hartado de criticar la politización de las cajas. Pero está claro que a Alberto Núñez Feijóo no le importa ponerlo todo patas arriba.

Según algunas fuentes, parte de las medidas de la ley gallega son inconstitucionales. En todo caso, lo que sí ha levantado es una polvareda que para muchos deja pequeñas las pretensiones de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid para controlar la caja de la región. Entre otras cosas criticadas, la ley gallega impone un registro de altos cargos; ninguna institución puede tener más de un representante, con excepción de la Xunta; la Xunta nombra la cuarta parte de los representantes de entidades de interés general; control de la obra social, ya que un alto porcentaje se decide por acuerdo entre la Xunta y las cajas, y lo más llamativo es que se puede aprobar sin mayoría cualificada la fusión. El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, tiene previsto visitar Galicia esta semana para comprobar in situ la situación.

La sensatez indica que lo lógico es que sea el regulador el que tenga la autoridad total sobre las cajas. Tanto sus responsables como los de Economía parecen de acuerdo, pero nadie se ha atrevido a poner el cascabel al gato. En definitiva, representa un cambio de modelo que terminaría con el tradicional sistema de cajas. Cada vez resulta más raro en el panorama europeo, donde las exigencias obligan a contar con entidades más grandes y fuertes.

Además de las fusiones catalanas, hasta la fecha sólo se ha llegado a la constitución de los Sistemas de Protección Institucional (SIP), una especie de holding del que cuelgan las cajas que los integran, que se inventó ante las dificultades para realizar fusiones entre cajas de distintas regiones. Esta figura tiene, además de que las cajas son los accionistas, la virtud de que no desaparecen y que permite que la obra social se mantenga en cada una de ellas. Además, a la larga, puede permitir la entrada de participación privada.

A Quintás le hubiera gustado irse con este tema más avanzado. Ahora va a centrarse en sondear los pareceres de los miembros del consejo de la CECA y otros presidentes de cajas y del Banco de España para proponer al sucesor. Los estatutos estipulan que el presidente debe ocupar la presidencia o la dirección general de una de las cajas que la integran, en la actualidad, 45. En el caso de Quintás, fue una excepción, ya que llegó al cargo desde la dirección general de la CECA y no de ninguna caja. Pero al pie de la letra no se vulneró la norma, ya que la CECA tiene estatuto de caja de ahorros.

El relevo supondrá volver al modelo tradicional. Es decir, el sustituto será, casi con seguridad, el presidente de una caja. Aunque en teoría podría serlo, se da por descartado que sea el director general de la CECA (José Antonio Olavarrieta). Los nombres que han salido a la luz son los de Carlos Egea, presidente de Caja Murcia; Amado Franco, de Ibercaja, y Braulio Medel, de Unicaja, que ya presidió la CECA en los noventa. Los tres han conducido sus entidades con seriedad y los tres tienen predicamento en el sector.