La policía vuelve a entrar en la Diputación de Lugo
Dos agentes de la Policía Judicial, vestidos de paisano, entraron al mediodía de ayer en el servicio de Vías y Obras de la Diputación de Lugo, donde, con un mandato del juzgado de Instrucción número 3, requirieron información vinculada a la conservación de carreteras.
Los agentes llegaron a esta oficina, ubicada en el edificio que ocupa el Instituto Lucense de Desarrollo Económico y Social (Inludes), sobre las 11.50 y permanecieron allí hasta las 12.15, para solicitar un informe complementario, con detalle del número de trabajadores y maquinaria, de dos obras de conservación que se ejec...
Dos agentes de la Policía Judicial, vestidos de paisano, entraron al mediodía de ayer en el servicio de Vías y Obras de la Diputación de Lugo, donde, con un mandato del juzgado de Instrucción número 3, requirieron información vinculada a la conservación de carreteras.
Los agentes llegaron a esta oficina, ubicada en el edificio que ocupa el Instituto Lucense de Desarrollo Económico y Social (Inludes), sobre las 11.50 y permanecieron allí hasta las 12.15, para solicitar un informe complementario, con detalle del número de trabajadores y maquinaria, de dos obras de conservación que se ejecutan en las inmediaciones del polígono industrial de O Ceao. La Diputación tiene previsto entregar hoy el informe, aunque se trata de un servicio externalizado, que ejecutan empresas ajenas a la propia institución.
La intervención judicial se produjo en las mismas dependencias en las que ya se había efectuado un registro el 2 de noviembre y que había llevado a los calabozos de la comisaría a una funcionaria provincial y a la vicepresidenta segunda, la socialista Lara Méndez. Luego quedaron en libertad sin cargos, aunque las dos detenidas, junto con otro funcionario, tuvieron que prestar declaración por un presunto delito contra la Administración pública.
Las escuchas telefónicas al alcalde de Castro de Rei, Juan José Díaz Valiño (quien había sido detenido días antes junto con tres concejales por supuestas irregularidades en la concesión de obras), fueron el origen de la primera actuación judicial en estas dependencias de la Diputación Provincial.