500 británicos reclaman en Almería que se legalicen sus viviendas

Medio millar de ciudadanos británicos asentados en el Almanzora y el Levante se manifestaron ayer en la ciudad de Almería para clamar por una solución "inteligente" para las viviendas ilegales, que se cuentan por miles en estas comarcas. "Legalicen nuestras casas", se leía a modo de síntesis en la pancarta que encabezaba la marcha. Junto a ella, el matrimonio Prior, que desde hace dos años aguarda en un garaje desprovisto de luz y agua que alguien les indemnice por el derribo de su vivienda, capitaneó a los manifestantes, en su mayoría jubilados que invirtieron sus ahorros en la adquisición de...

Medio millar de ciudadanos británicos asentados en el Almanzora y el Levante se manifestaron ayer en la ciudad de Almería para clamar por una solución "inteligente" para las viviendas ilegales, que se cuentan por miles en estas comarcas. "Legalicen nuestras casas", se leía a modo de síntesis en la pancarta que encabezaba la marcha. Junto a ella, el matrimonio Prior, que desde hace dos años aguarda en un garaje desprovisto de luz y agua que alguien les indemnice por el derribo de su vivienda, capitaneó a los manifestantes, en su mayoría jubilados que invirtieron sus ahorros en la adquisición de unos inmuebles que ahora peligran.

"¿Permitiría el derribo de la casa de sus abuelos?", interrogaban los manifestantes, entre los que ha cundido el temor de que la situación de esta pareja de ancianos se repita con las ocho familias que acaban de recibir la orden de demolición de sus casas, ubicadas en suelos no urbanizables de Albox. "Tenemos miedo de que más compatriotas se vean abocados a vivir en condiciones inhumanas", explicó Maura Hillen, presidenta de la asociación Abusos Urbanísticos Almanzora No, organizadora de la protesta.

"Nunca pensé que mi casa fuera a ser derribada", dijo un afectado

"Algo falla en el sistema cuando se prevé echar a la calle a unos jubilados que actuaron de buena fe, sin garantía de indemnización y quebrantando sus derechos humanos más básicos", continuó la responsable del colectivo que, tras informar de su situación al Gobierno británico y a la Eurocámara, estudia apelar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos ante unos derribos que considera injustos.

De hecho, sólo tres de las ocho familias que recibieron durante las navidades las órdenes de demolición de sus propiedades tenían conocimiento previo del litigio abierto contra las mismas, lo que les privó del derecho a defenderse durante el proceso. "Nunca pensé que mi casa fuera a ser derribada", dijo Graham Beeson, uno de estos ocho afectados. Sus expectativas para salvar el inmueble de La Aljambra al que se trasladó hace seis años son pocas. "La cosa no tiene muy buena pinta", afirmó, resignado, antes de señalar que jamás aconsejaría a un compatriota que comprara una casa en Andalucía. "Hay demasiados problemas legales, y políticos que nos mienten".

Esta opinión, extendida en el Reino Unido, no haría más que agravarse con nuevos derribos, advirtió Hillen, para quien el Gobierno andaluz está "excesivamente inactivo" en este caso. "Que actúen, que hagan algo, pero que sea ahora, antes de que se dañe a más gente", exigió durante la marcha, en la que se leyeron lemas como "No compre en España" o "Nosotros somos las víctimas, ¿por qué se nos castiga?". Y es que, desde el colectivo, insistieron en personalizar el problema que se esconde tras las, al menos, 5.000 viviendas fuera de ordenación del Almanzora. "Esto no se trata sólo de papeles, se trata de vidas humanas", dijo la portavoz de la asociación, Patricia Sampson.

La réplica a estas palabras fue inmediata. "No podemos dar respuestas aisladas a problemas individualizados", objetó el delegado de Vivienda y Ordenación del Territorio, Luis Caparrós, quien pronosticó que antes de que termine esta legislatura se habrá dado respuesta al 90% de las viviendas ilegales, en el marco del inventariado que han efectuado los consistorios.