Nuevo revés para los dueños de las casas ilegales del Almanzora

Los británicos de Albox se manifiestan hoy tras recibir ocho órdenes de derribo

El año no ha empezado con buen pie para ocho familias británicas afincadas en Albox (Almería) a las que el Ayuntamiento les ha notificado la orden de demolición de sus viviendas, construidas en suelos no urbanizables de este municipio del Almanzora, comarca en la que existen 5.000 inmuebles fuera de ordenación. Con manifestaciones como la que tendrá lugar hoy o vigilias como la desarrollada este sábado, la comunidad británica espera evitar la ejecución de estas órdenes, todas ellas firmes. Sería "un disparate", espeta el alcalde de Albox, José García (PSOE), ante esta opción, a la que prefiere...

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El año no ha empezado con buen pie para ocho familias británicas afincadas en Albox (Almería) a las que el Ayuntamiento les ha notificado la orden de demolición de sus viviendas, construidas en suelos no urbanizables de este municipio del Almanzora, comarca en la que existen 5.000 inmuebles fuera de ordenación. Con manifestaciones como la que tendrá lugar hoy o vigilias como la desarrollada este sábado, la comunidad británica espera evitar la ejecución de estas órdenes, todas ellas firmes. Sería "un disparate", espeta el alcalde de Albox, José García (PSOE), ante esta opción, a la que prefiere no poner todavía fecha.

Sin margen de maniobra para "salvar" estas viviendas,, algo que parece poco probable al haber desestimado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía los recursos planteados a las órdenes de ejecución forzosa de las demoliciones, el primer edil, que heredó este litigio de la anterior corporación que encabezaba Francisco Granero (PP), decidió comunicar la situación a los afectados durante las Navidades. Desde entonces, estas familias están "en completo estado de shock", sostiene Maura Hillen, presidenta de la asociación Abusos Urbanísticos Almanzora No, a la que pertenecen 400 británicos afectados por el desorden urbanístico que ha imperado en la comarca.

"Para las familias, la única alternativa es cumplir la sentencia", dice el alcalde

"Una de las parejas no sabía absolutamente nada", agrega en unas palabras que toman forma con el testimonio de Cristine P. "No tenía ni idea. Estaba convencida de que todo era legal", lamenta esta jubilada propietaria de un inmueble en La Aljambra, donde peligra además de la suya otra vivienda rural. Sus licencias, concedidas como en el resto de casos en 2002 pese a contar con informe desfavorable de la Junta, fueron declaradas nulas en sentencia firme del TSJA.

"Teníamos todas las licencias y ahora vamos a perder el hogar en el que nos retiramos hace siete años", lamenta esta británica que, hasta ahora, era ajena a la controversia desatada en torno a su casa, tal y como ocurrió con el matrimonio Prior, cuya vivienda fue derribada en enero de 2008. Meses después, el Tribunal Constitucional anuló la demolición al no haber sido informado el matrimonio del proceso abierto contra su propiedad.

"No sé qué interés puede tener que se repita esta situación", reflexiona Hillen, para quien la ejecución de las demoliciones no se traducirá más que en perjuicios económicos para una provincia cuya "mala reputación" aumenta en el Reino Unido. "El daño al municipio, la comarca y la provincia puede ser irreparable", coincide el alcalde, quien cree agotadas las alternativas para estas ocho viviendas, ubicadas en suelos no urbanizables de los parajes de Las Pocicas, Las Hortichuelas, Las Labores, La Aljambra, El Saliente y Rambla Higueras.

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Ante esta situación, el regidor aboga por buscar fórmulas dentro del ordenamiento para evitar más derribos, entre las que destaca el inventariado de viviendas irregulares impulsado por la Junta para ordenar aquellas que, como estos ocho inmuebles, no ocupen cauces públicos o terrenos protegidos.

A esta fórmula precisamente apeló, sin éxito, el consistorio para frenar los derribos ante el TSJA, para el que, sin embargo, la nulidad de las licencias prevalece sobre cualquier modificación del planeamiento que, insiste, no permite consolidar las obras. Ante estas consideraciones del alto tribunal ¿qué alternativas quedan? "Hay que plantear soluciones en vez de judicializar la situación porque, por acción u omisión, todos somos culpables". "Para estas familias, la única alternativa es cumplir la sentencia", traslada a sus vecinos británicos que hoy se manifestarán en Almería.

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