Corina Porro ve en peligro el futuro del puerto de Vigo
Al juzgado "le falta información de cuestiones muy relevantes", asegura
"Las obras se van a reanudar", aseguró ayer la presidenta de la Autoridad Portuaria de Vigo, Corina Porro, en relación con el relleno para la ampliación del puerto, paralizado el jueves cautelarmente por orden judicial. Porro estima que a la fiscalía que formuló la denuncia y al juzgado que dictó el auto "les falta información de cuestiones muy relevantes" que, una vez en su poder, "les hará cambiar su criterio", confió. De otro modo, dijo, "estaría empezando el declive del puerto de Vigo" por su pérdida de competitividad.
El auto judicial que ordena la paralización no se refiere a las ...
"Las obras se van a reanudar", aseguró ayer la presidenta de la Autoridad Portuaria de Vigo, Corina Porro, en relación con el relleno para la ampliación del puerto, paralizado el jueves cautelarmente por orden judicial. Porro estima que a la fiscalía que formuló la denuncia y al juzgado que dictó el auto "les falta información de cuestiones muy relevantes" que, una vez en su poder, "les hará cambiar su criterio", confió. De otro modo, dijo, "estaría empezando el declive del puerto de Vigo" por su pérdida de competitividad.
El auto judicial que ordena la paralización no se refiere a las obras que actualmente se están ejecutando, según la lectura que hace Porro, sino a un proyecto anterior (de 2002) que contemplaba una ampliación de 120.000 metros cuadrados del muelle del Areal. Ahora se está ejecutando una primera fase de 49.200 metros, a los que se sumarán otros 30.200 metros de una segunda fase.
"El auto no alude a ninguna ilegalidad del planeamiento portuario"
El juzgado ordena la paralización cautelar "en aras a la evitación de un mal mayor" y ante "la posible comisión de un delito de prevaricación" por parte de la directora general de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente como autora de un informe que no considera necesario someter las obras a evaluación de impacto ambiental por haberse realizado ya para el proyecto de 2002. La directora general obvia la legislación vigente, según el auto judicial, con normas promulgadas en 2006 y 2008 que aluden a "los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente".
Los abogados del Estado, tanto de la Autoridad Portuaria de Vigo como del Ministerio de Medio Ambiente, han expresado su "absoluta discrepancia" con el auto, según Porro, que defendió la total legalidad del planeamiento portuario vigués: "En el auto no hay la menor alusión a ninguna ilegalidad en ese sentido", recalcó, pese a que la falta de Plan de Utilización de los Espacios Portuarios era uno de los aspectos recurrentes en las denuncias ecologistas contra las obras por carecer de esa cobertura legal. Porro confiaba en que este plan fuera aprobado en el apogeo de las obras.
El puerto podría perder los fondos de cohesión aprobados para esas obras, según alertó Porro. Sobre el presupuesto total de 46,6 millones de euros, las ayudas europeas aportan 23 millones, de los que este año tendría que justificarse el gasto de 11 millones. "Si no es así, podríamos perderlo todo de manera irreparable", alertó.
En las organizaciones ecologistas la paralización se ha recibido como "una buena noticia para el conjunto de la ría de Vigo y su sostenibilidad". En los grupos municipales causó una natural agitación. El concejal de Urbanismo, el socialista José Mariño, relacionó la orden judicial con otras actuaciones de Porro en la Autoridad Portuaria, como sus intentos de legalizar una marina en Punta Lagoa, pese a las órdenes judiciales de demolición, o su proyecto de construir una fuente cibernética en el área central del puerto. "Le advertimos de que tomara todas las cautelas necesarias y no lo hizo", señaló Mariño.
Santiago Domínguez, el teniente de alcalde nacionalista, alertó de que Porro, que "mintió cuando dijo que acabaría con los rellenos", podría estar cometiendo una ilegalidad por su "actitud absolutamente irresponsable" de utilizar el puerto como "trampolín a la alcaldía". Para el PP el auto judicial es "una malísima noticia para todos los vigueses" y no entiende que sea, según interpreta, "motivo de satisfacción para el gobierno local".