Querella contra Porro por ampliar el puerto de Vigo
El granulado de escombro procedente del túnel del AVE que se utiliza en la ampliación del puerto de Vigo es de calidad física superior a la prevista y requerida por el relleno. El dato, con ser cierto, no evita la feroz polémica de fondo que genera la obra. "No sólo no rellenamos, sino que saneamos", afirma Corina Porro, presidenta de la Autoridad Portuaria, para defenderla. No responde a lo anunciado y, sobre todo, se salta la ley a la torera, le responden desde A Ría non se Vende, la red ambientalista que por eso se ha querellado en el juzgado, tratando de atajar males mayores. La ría recibi...
El granulado de escombro procedente del túnel del AVE que se utiliza en la ampliación del puerto de Vigo es de calidad física superior a la prevista y requerida por el relleno. El dato, con ser cierto, no evita la feroz polémica de fondo que genera la obra. "No sólo no rellenamos, sino que saneamos", afirma Corina Porro, presidenta de la Autoridad Portuaria, para defenderla. No responde a lo anunciado y, sobre todo, se salta la ley a la torera, le responden desde A Ría non se Vende, la red ambientalista que por eso se ha querellado en el juzgado, tratando de atajar males mayores. La ría recibirá unos 600.000 metros cúbicos de escombro y piedra y se agitarán 150.000 metros cúbicos de fangos contaminados. Objetivo: ampliar en 49.120 metros cuadrados la superficie de los muelles comerciales de Vigo.
El grueso del material, medio millón de metros cúbicos, lo aportará el escombro del AVE. Podría tener un alto contenido en metales, perjudicial para la ría, según la denuncia ecologista.
Con ese escombro se construirá la barrera que es la espina dorsal de la ampliación. Es el eje de relleno que delimita la obra, a unos 80 metros en paralelo al muelle de Areal y a su vez la vía de acceso al mar.El faldón exterior se cubrirá con material de escollera y el interior, con 'todo en uno' (25.000 metros cúbicos), un granulado especialmente indicado para contener los fangos del dragado que rellenarán la mitad de la ampliación, éstos sí, altamente contaminados en opinión de todos. Ese traslado de los 150.000 metros cúbicos de fangos contaminados para su confinamiento es lo que permite a Porro adjetivar la obra de ecologista. Limpiará la ría y los pondrá a buen recaudo, utilizados como relleno común de la ampliación. El proyecto, presupuestado en 46,6 millones, durará 32 meses, y A Ría non se Vende quiere pararlo ya.
Pilotes
Corina Porro venía diciendo que la ampliación se realizaría sobre pilotes. No era la verdad completa. Ahora insiste en que no se rellena nada, sino que el dragado sanea la dársena. "Resulta obvio que las dimensiones y el método constructivo de la obra difiere notablemente de las previsiones iniciales", dice la denuncia de A Ría non se Vende. Será inevitable, según ellos, que la remoción masiva de los lodos traslade su contaminación al resto de la ría.
Pero la clave principal de la polémica se cifra en la cobertura legal de las actuaciones. Para Porro basta el Plan Especial del Puerto y una previsible aprobación, antes de que concluyan las obras, del Plan de Utilización de los Espacios Portuarios, el denominado plan de usos. "Con carácter previo a la formulación por la Autoridad Portuaria del plan especial o instrumento equivalente que ordene su zona de servicio deberá encontrarse aprobado el plan de utilización de los espacios portuarios del puerto", marca la ley, entre otros aspectos que la iniciativa de Porro tampoco parece respetar en su literalidad.
El plan especial según la denuncia de la plataforma "ha de considerarse en suspenso por cuanto no se tramitó y aprobó debidamente" el plan de usos. El proyecto de este plan está siendo sometido a evaluación del Ministerio de Medio Ambiente y tendrá que pasar el filtro de las alegaciones. Se estima que su tramitación dure unos ocho meses. En consecuencia, hoy por hoy, las obras "adolecen de la necesaria e imprescindible cobertura legal que permita su realización", y su puesta en marcha incurre en la comisión de diversas faltas y delitos (contra los recursos naturales y el medio ambiente y de prevariación) del Código Penal, según la querella.