El PP aprueba hoy en solitario y con dudas jurídicas el PGOU de Castellón
La oposición califica el proceso de tomadura de pelo
El equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Castellón lleva hoy al pleno municipal la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que una sentencia del Tribunal Supremo (TS) anuló en enero. El fallo ordenó la retroacción del procedimiento al momento posterior a la aprobación provisional para que se cumpla la ley y la exposición del plan al público.
El litigio se debió a unas modificaciones planteadas en 2000, apenas un año después de que se aprobara el PGOU, que entonces no se consideraron sustanciales y que, por tanto, no precisaban de su exposición al público. Sin ...
El equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Castellón lleva hoy al pleno municipal la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que una sentencia del Tribunal Supremo (TS) anuló en enero. El fallo ordenó la retroacción del procedimiento al momento posterior a la aprobación provisional para que se cumpla la ley y la exposición del plan al público.
El litigio se debió a unas modificaciones planteadas en 2000, apenas un año después de que se aprobara el PGOU, que entonces no se consideraron sustanciales y que, por tanto, no precisaban de su exposición al público. Sin embargo, el tribunal obligó a realizar este trámite.
La exposición al público ya se ha cumplido. Sin embargo, los informes de los técnicos municipales arrojan dudas sobre lo que significa el cumplimiento de la sentencia, según explica el edil del Bloc, Enric Nomdedéu. La asesoría jurídica del consistorio considera que para cumplir el fallo judicial únicamente hay que ratificar la exposición al público ya ejecutada y aprobar el plan, de la misma manera que se aprobó hace nueve años. Por su parte, el secretario del Ayuntamiento apunta que se debería no sólo ratificar la exposición, sino aprobar dichas modificaciones.
Esta aprobación, según el secretario, se debería llevar a cabo aplicando la Ley Urbanística Valenciana (LUV), aprobada en 2000, y no la anterior Ley Urbanística Valenciana (LRAU). La diferencia de aplicación de una y otra estriba, fundamentalmente, en la documentación que debería acompañar a la aprobación. La LUV exige un mayor número de informes, sobre todo de temas medioambientales, de los que el Ayuntamiento no dispone.
El secretario reclamó a la asesoría jurídica que aclarase qué norma se ha de aplicar, pero los servicios municipales no le contestaron alegando que la sentencia se ejecuta simplemente con la exposición al público.
El PP se ha acogido al criterio de la asesoría jurídica municipal argumentando que es el mismo que el de los técnicos de la Consejería de Territorio.La exposición al público del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Castellón se realizó durante el verano. Con este trámite el Ayuntamiento daba cuenta de la sentencia del Tribunal Supremo que anuló el planeamiento y obligó a la retroacción del procedimiento al momento posterior a la aprobación provisional.
Pese a los meses elegidos para la presentación de alegaciones, el consistorio recibió 662, que han sido desestimadas en su totalidad. Según explicó el vicealcalde de la ciudad, Javier Moliner, 28 se desestimaron por presentarse fuera de plazo, mientras que para el resto se argumentaron "motivos técnicos y jurídicos".
El hecho es que se presentaron alegaciones no sólo a las modificaciones que fueron objeto del litigio, sino a todo el PGOU, que también fue expuesto. Sin embargo, Moliner señaló que la mayoría de alegaciones desestimadas "no se han contemplado porque en su día ya fueron contestadas, con lo que no había lugar a nuevas reconsideraciones". "No estamos haciendo un nuevo plan general, sino subsanando una irregularidad", añadió Moliner.
La explicación del vicealcalde fue criticada por los dos grupos de la oposición municipal, PSPV y Bloc, que califican la actuación municipal de "tomadura de pelo". Además, el edil del Bloc, Enric Nomdedéu, se preguntó por qué se expuso todo el plan si sólo se podía alegar sobre una parte. El hecho es que la aprobación del plan arroja dudas jurídicas, expuestas tanto por el concejal del Bloc como por el portavoz del grupo municipal socialista, Juan María Calles.
Para Nomdedéu, "los informes técnicos municipales son contradictorios". Calles advierte de que "la aprobación del plan sin las debidas garantías jurídicas hundirá la economía de Castellón".