El Parlamento aprueba la primera rebaja fiscal de Feijóo
Con los votos en contra del BNG y la abstención del PSdeG, el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo, apoyado por su mayoría parlamentaria, dio luz verde ayer a la primera reforma fiscal desde que llegó a la Xunta. El cambio supone rebajar a la mitad el gravamen de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para a los menores de 36 años y las familias numerosas a fin de "facilitar el acceso a la vivienda y servir de estímulo al mercado inmobiliario".
El impuesto de transmisiones onerosas pasará del 7% al 4% y el de actos jurídicos documentados, en su modalidad de documentos no...
Con los votos en contra del BNG y la abstención del PSdeG, el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo, apoyado por su mayoría parlamentaria, dio luz verde ayer a la primera reforma fiscal desde que llegó a la Xunta. El cambio supone rebajar a la mitad el gravamen de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para a los menores de 36 años y las familias numerosas a fin de "facilitar el acceso a la vivienda y servir de estímulo al mercado inmobiliario".
El impuesto de transmisiones onerosas pasará del 7% al 4% y el de actos jurídicos documentados, en su modalidad de documentos notariales, se reduce del 1% al 0,3%. Las críticas de la oposición durante el debate se centraron en que esa rebaja no va ligada a la renta del beneficiario, sino al patrimonio, que en el caso de los jóvenes no puede exceder de 250.000 euros y en el de las familias, de 400.000. Para el BNG, "se está equiparando a quien cobra 1.000 euros al mes con quien cobra un millón de euros y compra un pazo".
En cambio, tanto la formación nacionalista como los socialistas criticaron que el PP sí aplicase la progresividad (a mayor renta, menores ayudas) como argumento para eliminar la gratuidad universal de los libros de texto. Para Pedro Puy, que defendió la medida desde las filas del PP, "es un instrumento contra la crisis por la vía del gasto".
La medida tendrá carácter retroactivo para las operaciones realizadas a partir del 1 de julio. La Xunta dejará de recaudar unos siete millones de euros cada año.