Bronca en el Tribunal de Cuentas

Se ha terminado la paz en el Tribunal de Cuentas. La institución, que se encarga de fiscalizar y enjuiciar en su caso a todos los organismos estatales, fue un modelo de concordia entre los dos grandes grupos políticos mientras en otros departamentos independientes como el Tribunal Constitucional o el Supremo se tiraban los trastos a la cabeza. Cuando en noviembre de 2007 tocó renovar la Comisión de Gobierno de dicho tribunal hubo unanimidad total. Sin embargo, ahora esa avenencia se ha roto porque un representante de la mayoría del PP se niega a cumplir el acuerdo pactado con PSOE, que se prep...

Se ha terminado la paz en el Tribunal de Cuentas. La institución, que se encarga de fiscalizar y enjuiciar en su caso a todos los organismos estatales, fue un modelo de concordia entre los dos grandes grupos políticos mientras en otros departamentos independientes como el Tribunal Constitucional o el Supremo se tiraban los trastos a la cabeza. Cuando en noviembre de 2007 tocó renovar la Comisión de Gobierno de dicho tribunal hubo unanimidad total. Sin embargo, ahora esa avenencia se ha roto porque un representante de la mayoría del PP se niega a cumplir el acuerdo pactado con PSOE, que se prepara para armar todo la bronca que sea necesaria.

En efecto, PSOE y PP votaron en 2007 a favor de la renovación de Manuel Núñez como presidente, cargo que había asumido en 2003, así como los nombramientos de Lluis Armet y Rafael Corona como presidentes de las secciones de Fiscalización y Enjuiciamiento, respectivamente. Núñez,ex ministro de UCD y ex diputado del PP, y Corona, catedrático de Contabilidad, pertenecen al cupo del partido de la derecha, mientras que ex diputado Armet forma parte del socialista. El reparto de poderes, que pactaron los grupos parlamentarios con los diputados Vicente Martínez Pujalte (PP) y Francesc Vallés (PSOE) como artífices, consistía en que en los tres años que quedaban para cumplir el periodo de sus mandatos (es decir, hasta noviembre de 2010), Núñez y Armet permanecerían en sus cargos y que Corona sería sustituido por un representante socialista en el momento que se alcanzara el año y medio.

Es decir, el plazo venció el pasado mayo; pero Corona se resiste a aceptar el acuerdo. Las razones que ha esgrimido en su entorno son que el citado pacto no es real y que no está escrito en ningún lugar. Es cierto que al ser un órgano independiete no se pueden pactar por escrito cambios entre los grupos políticos. Sin embargo, tanto la hemeroteca como los protagonistas del acuerdo en el Parlamento le desmienten y corroboran que el pacto de caballeros existió. Y lo que entonces fue muy elogiado por poner en consonancia a unas fuerzas políticas continuamente enfrentadas, ahora estalla por los cuatro costados por la decisión unipersonal y se enmarca en un conflicto más dentro de la enconada relación existente.

El enroque de Corona, que llegó al tribunal en 2001 recomendado por su amigo y compañero Cristóbal Montoro cuando el actual portavoz de Economía del PP era ministro de Hacienda, ha provocado malestar en las filas del grupo parlamentario que pergeñó el pacto e incluso entre alguno de los compañeros del organismo. Las presiones hechas para que reconsidere su actitud han chocado con la negativa. Según algunas fuentes, han primado más los apoyos recibidos para su continuidad de gente muy cercana, del círculo de Montoro, que le habrían comentado "que todo es cosa de salir dos veces en los periódicos".

El grupo socialista no se va a quedar de brazos cruzados ante esta situación, sobre todo porque implica directamente a Montoro. Desde esas filas, que recuerdan ya en 2003 les correspondía la presidencia por turno -tampoco escrito- pero la mayoría del PP hizo que fuese Núñez el que sustituyera a Ubaldo Nieto, subrayan que se ha roto el consenso y se ha perdido legitimidad. La armonía que existía a raíz del pacto de 2007 habría hecho pensar en la permanencia de Núñez en la presidencia; sin embargo, parece seguro que los representantes socialistas la exigirán para ellos cuando toque renovar.

El pleno del Tribunal de Cuentas se renueva cada nueve años. La última vez fue en noviembre de 2001, bajo el Gobierno del PP, y la próxima será en noviembre de 2010, bajo Gobierno del PSOE. Tiene 12 miembros, y lo acostumbrado es que seis son propuestos por el partido que gobierna; cinco, por el principal partido de la oposición, y uno es de consenso.

Se da la circunstancia de que los miembros pueden repetir de forma indefinida. Es el caso de Ubaldo Nieto y Juan Velarde, por el PP, y de Ciriaco de Vicente, por el PSOE. El resto se incorporaron en 2001. Además de los citados, los consejeros del PP son Ramón Álvarez de Miranda y Antonio de la Rosa, que falleció en 2007 y cuyo puesto ha quedado vacante. Por el PSOE, son Ana Pérez Tórtola, Luis Martínez Noval y Felipe García Ortiz. El de consenso es Javier Medina Guijarro. -