El Superior anula una piscificatoría en una zona con la misma protección que Touriñán

Otra sentencia de un juzgado viene a añadir más inseguridad jurídica al empantanado sector de la acuicultura en Galicia. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), en un fallo conocido ayer, anula la declaración de impacto ambiental que la Xunta de Manuel Fraga emitió para autorizar la construcción de la piscifactoría de Rinlo, en Ribadeo, en 2005. El fallo invalida de paso las licencias de obra y actividad concedidas por el Ayuntamiento de Ribadeo, gobernando entonces por el alcalde socialista, Balbino Pérez, quien apoyó sin reservas la constr...

Otra sentencia de un juzgado viene a añadir más inseguridad jurídica al empantanado sector de la acuicultura en Galicia. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), en un fallo conocido ayer, anula la declaración de impacto ambiental que la Xunta de Manuel Fraga emitió para autorizar la construcción de la piscifactoría de Rinlo, en Ribadeo, en 2005. El fallo invalida de paso las licencias de obra y actividad concedidas por el Ayuntamiento de Ribadeo, gobernando entonces por el alcalde socialista, Balbino Pérez, quien apoyó sin reservas la construcción. La planta iba a construirse dentro de una zona protegida dentro de la Red Natura con hábitats prioritarios, características ambientales similares a cabo Touriñán, donde el actual Gobierno de Feijóo ha vuelto a dar permiso a Pescanova para levantar la mayor granja marina que se ubicaría en Galicia.

La sentencia del TSXG sobre la instalación de Rinlo concluye que no existió un estudio de impacto válido, ya que la Xunta de Fraga no contempló la afectación negativa sobre el ecosistema, y los estudios realizados con posterioridad acreditan que "llevar a cabo con éxito la recuperación de los hábitats naturales de carácter prioritario" es "de extrema dificultad, sino imposible". Por tanto, el tribunal concluye que la instalación puede "generar potencialmente un daño ambiental irreversible". El fallo estima que la licencia de construcción y de actividad, que concedió en primera instancia la Xunta de Manuel Fraga -cuando ya estaba en funciones, el 29 de julio de 2005- se anula por ser ilegal.

La obra, promovida por la firma asturiana Acuinor, se iba a ubicar en unos terrenos acotados como Red Natura 2000, una figura de protección ambiental establecida por la Unión Europea para que los Estados miembros eviten el deterioro de lugares de especial importancia por su valor natural. El fallo, contra el que cabe recurso, no sólo ilegaliza la planta prevista en Ribadeo sino que señala qué excepción debe seguir un Gobierno para instalar una piscifactoría en un espacio con protección de Red Natura, como es también el caso de Touriñán. De ahí que el colectivo Adega brindase ayer por la sentencia. La organización ecologista estima que, a pesar de que las obras fueron paralizadas ya tres veces, es ahora, con esta resolución, cuando un tribunal establece verdaderas restricciones a los proyectos en terrenos protegidos.

El fallo del tribunal es estricto con las excepciones para construir en zonas de Red Natura con hábitats prioritarios, como son los casos de Rinlo y Touriñán. Así señala que en ese tipo de áreas las "autoridades nacionales competentes" sólo pueden aprobar proyectos "tras haberse asegurado de que no causarán perjuicio al lugar". Si aun así la Administración considera que las actuaciones en esas zonas deben seguir adelante "únicamente se podrán alegar consideraciones relacionadas con la salud humana y la seguridad pública, o relativas a consecuencias positivas de primordial importancia para el medio ambiente, o bien, previa consulta a la Comisión Europea, otras razones imperiosas de interés público de primer orden".

"La Administración no fue capaz de acreditar que no se estaba fragmentando el hábitat", explicó el abogado de Adega. "Aplicando esta legislación, muchos proyectos no tendrían que estar en la Red Natura", concluyó exultante el letrado de la organización ecologista. Su secretario ejecutivo acusó a la Xunta de Fraga de "tramitar declaraciones de impacto ambiental con mapas a medida" para establecer piscifactorías. La noticia llega cuando aún no está perfilado el nuevo plan acuícola que ha anunciado el Gobierno de Feijóo. La conselleira do Mar, Rosa Quintana, recibió el fallo como "una más de las complicaciones jurídicas" registradas en torno a la actividad acuícola. Fuentes del departamento señalan que los servicios jurídicos estudian la sentencia y se reservan posibles acciones posteriores.