La Xunta intenta salvar con capital privado la depuradora de Vigo
Las empresas que construyan la planta adelantarían su cuota de 115 millones
La construcción de la depuradora de Vigo podría financiarse con capital privado, concretamente de las empresas que la construyan. Es la última propuesta de Agustín Hernández, conselleiro de Medio Ambiente, Infraestructuras e Transportes, al Gobierno central para sacar el proyecto de la parálisis en que permanece desde hace un año pese a que todas las partes implicadas lo consideran prioritario por la propia urgencia de sanear la ría de Vigo y para evitar una sanción de más de 20 millones de euros de la Unión Europea, que teóricamente se haría efectiva si la obra no está ejecutada en 2011.
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La construcción de la depuradora de Vigo podría financiarse con capital privado, concretamente de las empresas que la construyan. Es la última propuesta de Agustín Hernández, conselleiro de Medio Ambiente, Infraestructuras e Transportes, al Gobierno central para sacar el proyecto de la parálisis en que permanece desde hace un año pese a que todas las partes implicadas lo consideran prioritario por la propia urgencia de sanear la ría de Vigo y para evitar una sanción de más de 20 millones de euros de la Unión Europea, que teóricamente se haría efectiva si la obra no está ejecutada en 2011.
Los plazos se han ido echando encima desde que la sanción europea era sólo una amenaza, en 2005. En noviembre del año pasado, la ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, el presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, y el alcalde de Vigo, Abel Caballero, presentaron el anteproyecto de la planta y el borrador de convenio de las tres administraciones que permitiría licitar las obras en los primeros meses de este año con un presupuesto de 235 millones de euros. Ahí se quedó todo, pese a que los Presupuestos Generales del Estado consignaron una partida de 101 millones para este año, que, obviamente, no se han ejecutado. Ahora, para 2010, sólo se reservan nueve millones destinados a la redacción del proyecto.
La obra tendría que acabar en 2011 para no pagar una multa de 20 millones
El Gobierno gallego acepta su cuota de 115 millones, pero no los plazos
El cambio de Gobierno en Galicia trasladó la primera sorpresa. Agustín Hernández anunció a poco de tomar posesión que, de los 115 millones que le corresponde aportar a la Xunta para la obra, en los presupuestos autonómicos de este año sólo se habían consignado cinco millones y quedaban sin definir las plurianualidades posteriores. La Xunta considera efectivamente prioritaria la actuación y no ha regateado la cuota que le corresponde. Pero los plazos que fija el borrador de convenio para hacerla efectiva le resultan "absolutamente inasumibles", según reiteraron ayer fuentes de la consellería.
Una primera propuesta para que el Ministerio de Medio Ambiente anticipara la cuota autonómica fue rechazada antes del verano. Abel Caballero, por petición expresa del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en su primera visita institucional a Vigo, se convirtió entonces en mediador ante la ministra Espinosa de esta otra propuesta de financiación privada de la obra -esto es, el pago diferido y con intereses por parte de la Xunta a las empresas que construyan la planta-, que el ministerio está estudiando cuando, esta misma semana, Hernández y Caballero han entrado en un rifirrafe que pone en jaque la aportación del Ayuntamiento en el borrador de convenio.
En ese documento, el Ayuntamiento se obligaba a aportar casi 19 millones de euros: 3,3 millones por los terrenos de titularidad municipal ocupados por la actual depuradora; otros 10,3 millones por la expropiación de nuevos terrenos, con los trámites que implica, y 5,2 millones para la acometida eléctrica de la nueva planta.
Hernández animó a Caballero a "arrimar el hombro" y avanzar en la expropiación de los nuevos terrenos, y el alcalde, con tono airado, amenazó con retirarse de la negociación si la Xunta sigue planteando exigencias. Fuentes municipales aducen, por una parte, que el convenio no es firme, puesto que se siguen negociando sus términos y, por otra parte, que no se procederá a las expropiaciones hasta que haya un proyecto de la obra que permita fijar con exactitud las necesidades de suelo.Y unos por otros, con estas divergencias, la casa por barrer. La Xunta asume la imposibilidad de certificar la obra en 2011 y confía en haberla iniciado entonces para evitar con ello la sanción europea.