Una fundación de Cacharro se apropió de una finca pública de 200 hectáreas

Promover la investigación, la formación y el desarrollo de la pesca continental en Galicia. Ése era el objetivo que, el 22 de mayo de 2003, se marcaron el por aquel entonces presidente de la Diputación de Lugo, Francisco Cacharro, y el ex conselleiro de Medio Ambiente José Manuel Barreiro cuando firmaron un acuerdo para la Creación del Centro Superior Cinegético y Piscícola de Galicia. El organismo provincial aportó en esas fechas 200 hectáreas de terreno, que había adquirido previamente, ubicados en las inmediaciones del Pazo de Tor (Monforte de Lemos) y se constituyó una fundación integrada ...

Promover la investigación, la formación y el desarrollo de la pesca continental en Galicia. Ése era el objetivo que, el 22 de mayo de 2003, se marcaron el por aquel entonces presidente de la Diputación de Lugo, Francisco Cacharro, y el ex conselleiro de Medio Ambiente José Manuel Barreiro cuando firmaron un acuerdo para la Creación del Centro Superior Cinegético y Piscícola de Galicia. El organismo provincial aportó en esas fechas 200 hectáreas de terreno, que había adquirido previamente, ubicados en las inmediaciones del Pazo de Tor (Monforte de Lemos) y se constituyó una fundación integrada por tres representantes de la Diputación y otros tantos de la consellería.

El espacio era el idóneo para tan nobles objetivos: cinco lagunas, hectáreas de terreno arboladas, amplios espacios para cultivos experimentales y edificios para albergar oficinas, aulas y salas de exposiciones y usos múltiples. Pasados seis años, en la finca se produjo una deforestación masiva y murieron animales, mientras que en la gestión de la fundación no cuadran las cuentas, aparecen facturas de viajes de lujo y la Diputación de Lugo ha perdido los terrenos cedidos en su día, ya que fueron registrados a nombre de la fundación, cuyos patronos se declararon vitalicios, entre ellos el popular Cacharro Pardo. De hecho, el cambio de titularidad de la finca se produjo cuando el ex presidente provincial de Lugo estaban en funciones, tras perder la mayoría absoluta en las municipales de 2007.

Cacharro y otros cuatro patronos del centro convirtieron el cargo en vitalicio

El latifundio tiene cinco lagunas, hectáreas arboladas y áreas de cultivo

Los cambios en la vida de la fundación se han sucedido en función del devenir electoral. El 17 de junio de 2005 -dos días antes de que Manuel Fraga perdiera las elecciones- se modificaron los estatutos y la entidad pasó a tener cinco miembros de la Diputación y tres de la Consellería de Medio Ambiente. La modificación fue avalada por el Consello Consultivo de Galicia.

Con todo, el cambio más sustancial, que no contó con el aval anterior, se realizó el 13 de julio de 2006, aún con Cacharro como presidente de la Diputación de Lugo pero ya con el bipartito en la Xunta, cuando se incrementó a ocho la presencia de patronos del ente provincial. En ese mismo acto, se adoptó el acuerdo para poder designar hasta ocho patronos vitalicios, una figura de la que se hizo uso el 15 junio de 2007 cuando fueron nombradas cinco personas con esa condición, entre ellas Cacharro, ya presidente en funciones de la Diputación.

Los cambios no pararon aquí. Cuatro días antes de la toma de posesión del actual gobierno bipartito de la Diputación lucense (10 de julio de 2007), la fundación, que presidía el biólogo gallego Javier Castroviejo, acudió al Registro de la Propiedad de Monforte e inscribió los terrenos y propiedades de Tor a nombre de la Fundación Centro Superior Cinegético y Piscícola, pese a tratarse de bienes de "dominio público" que no pueden ser objeto de venta o enajenación, tal y como sostienen los servicios jurídicos de la institución provincial. El párrafo de los estatutos fundacionales de la entidad, donde se explica que la Diputación "aporta" los terrenos a la fundación, fue la clave para poder registrar la finca. Los abogados del organismo provincial están convencidos de que estos terrenos volverán a manos del organismo que los cedió. La Diputación de Lugo se enteró de este cambio de titularidad cuando los servicios provinciales fueron informados de las gestiones que estaba realizando los rectores de la dirección en la oficina catastral.

Los anteriores patronos de la fundación, que fueron destituidos por pérdida de confianza, no reconocen ahora la legitimidad de la actual directiva, que ha decidido acudir al fiscal. Los nuevos responsables del centro han denunciado la usurpación de funciones de la Secretaría y Presidencia por personas que cesaron en sus cargos, así como la desaparición de un vehículo y de documentos "esenciales" en el archivo de la fundación. También se ha puesto en conocimiento de la Fiscalía la existencia de disposiciones de fondos con partidas sin justificar o "difícilmente justificables" y una "tala masiva" que no se corresponde con los ingresos que figuran en la documentación que obra en poder de los actuales patronos.

En la comisaría de Monforte, la Diputación ha denunciado la desaparición de un vehículo Volkswagen Touran 2.0, que estaba asignado al anterior gerente, Francisco García-Bobadilla, ex director general de Turismo en los gobiernos de Fraga, quien dejó de tener vínculo laboral con la fundación el 31 de diciembre de 2008. En la denuncia se hace constar que el vehículo se está financiando a través de la entidad General Electric Capital Bank, SA, y que en los últimos meses "alguien ajeno" al patronato está abonando las cuotas mensuales.

Según fuentes del gobierno provincial, la mayor preocupación ahora del presidente de la Diputación, el socialista José Ramón Gómez Besteiro, pasa por recuperar la titularidad de los terrenos anulando el acto de registro realizado por los anteriores patronos. El organismo provincial se propone aclarar el papel de la Xunta, ya que la Consellería de Medio Rural ha nombrado a tres representantes, entre los que figura el conselleiro, Samuel Juárez, que, sin embargo, no han tomado posesión. A la última reunión, celebrada hace unos días, sólo acudió el jefe territorial de la consellería, que se abstuvo en todos los puntos del orden del día. "Nos parece una actitud poco responsable, ya que cabría preguntarse qué pasaría con Tor si las dos administraciones implicadas actuáramos con la dejadez de la Xunta", apuntan las mismas fuentes.