Benestar elimina una red de canguros a domicilio
La Consellería de Traballo e Benestar esgrimió ayer un informe negativo de la asesoría jurídica de la Xunta para no poner en marcha una red de canguros a domicilio, prevista por la anterior Secretaría Xeral de Igualdade.
Después de que la viceportavoz del Grupo Parlamentario del BNG, Ana Pontón, criticase la decisión de la Xunta de paralizar un concurso para poner en marcha un servicio de atención domiciliaria a la infancia, fuentes del departamento autonómico insistieron en que "no se puede llevar a cabo" ninguna iniciativa sin el consentimiento de los servicios jurídicos.
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La Consellería de Traballo e Benestar esgrimió ayer un informe negativo de la asesoría jurídica de la Xunta para no poner en marcha una red de canguros a domicilio, prevista por la anterior Secretaría Xeral de Igualdade.
Después de que la viceportavoz del Grupo Parlamentario del BNG, Ana Pontón, criticase la decisión de la Xunta de paralizar un concurso para poner en marcha un servicio de atención domiciliaria a la infancia, fuentes del departamento autonómico insistieron en que "no se puede llevar a cabo" ninguna iniciativa sin el consentimiento de los servicios jurídicos.
Además, el informe de la asesoría jurídica señala que el planteamiento del servicio comete "una infracción no subsanable en las normas de preparación del contrato", creando "desigualdad" entre los ayuntamientos, que no son seleccionados siguiendo criterios o "requisitos" fijados.
Frente a esto, según indicaron a Europa Press fuentes de la Consellería de Traballo, las ciudades de Lugo y Pontevedra emitieron quejas, al quedar fuera de los 39 municipios que serían beneficiados del citado plan piloto.
El departamento autonómico liderado por Beatriz Mato alega que existen otras "cuestiones jurídicas complicadas" para la puesta en marcha del programa, tales como la "responsabilidad civil" de la Xunta que podría venir derivada de la presencia de un trabajador en un domicilio con un menor.
Ana Pontón criticó la paralización del servicio y reclamó que sea puesta en marcha antes de 2010. El BNG presentó iniciativas parlamentarias para conocer, entre otras informaciones, cuánto pagó la Xunta por compensar a los licitadores.