Asaja pide a Griñán que retrase y pacte el proyecto de ley del agua

Dos días después de que el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, dijera que espera aprobar este mes la Ley del Agua y pidiera el máximo consenso, la organización agraria Asaja le reclamó ayer que frene el proceso, logre el consenso y evite una batalla legal por las dudas que suscita el texto, que se encuentra en el Consejo Consultivo.

Asaja presentó un informe jurídico del catedrático de Derecho Constitucional Javier Pérez Royo en el que además de cuestionar la "constitucionalidad" del traspaso de competencias sobre la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir, puso contra las cuerdas...

Dos días después de que el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, dijera que espera aprobar este mes la Ley del Agua y pidiera el máximo consenso, la organización agraria Asaja le reclamó ayer que frene el proceso, logre el consenso y evite una batalla legal por las dudas que suscita el texto, que se encuentra en el Consejo Consultivo.

Asaja presentó un informe jurídico del catedrático de Derecho Constitucional Javier Pérez Royo en el que además de cuestionar la "constitucionalidad" del traspaso de competencias sobre la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir, puso contra las cuerdas diversos aspectos del proyecto de ley.

Además, desde Asaja se recordó las numerosas recomendaciones de modificación efectuadas en su día por el Consejo Económico y Social de Andalucía, y que no se han tenido en cuenta. El informe de Pérez Royo señala que el proyecto de ley plantea "un defecto de constitucionalidad", al regular las preferencias de usos del agua, en el artículo 24, por cuanto vulnera la legislación básica en materia de concesiones administrativas. Asimismo, el informe plantea una "defectuosa técnica legislativa", y genera una grave desigualdad entre los agricultores andaluces y los de otras comunidades.

De la misma manera, el informe plantea la modificación del artículo 46.4 que regula las concesiones de aprovechamiento de aguas y limita a 20 años el plazo legal de 75 años establecido en la legislación general. El informe señala que vulnera la ley estatal de aguas, así como el principio de igualdad de los concesionarios andaluces, por lo que pide se restituyan los 75 años de la legislación básica. De la misma manera, critica la regulación que se hace sobre los pozos de aguas privadas, y sobre el régimen económico, que crea un nuevo canon de servicios generales, que Pérez Royo en su informe tilda de "incongruente" y dice que carece de "hecho impositivo" para determinados usuarios de aguas subterráneas.

Tanto el presidente de Asaja, Ricardo Serra, como el secretario general, Miguel Afán de Ribera, y el asesor jurídico Emilio Vieira, criticaron ayer la ley por su "dudosa legalidad", así como por su "afán recaudatorio y confiscatorio" y por la creación de una infraestructura burocrática "innecesaria y despilfarradora". Serra reclamó al presidente Griñán que paralice la ley, -"no hay tanta prisa", dijo- y busque el consenso, para evitar la costosa batalla legal que supondría llevar la norma a los tribunales.

Por otro lado, Ecologistas en Acción también criticó ayer la "urgencia" con la que el Gobierno andaluz está tramitando la ley y apostó por abrir de nuevo el debate con los sectores implicados.