El atranco de la vivienda

Iraly Silva, venezolana afincada en Santiago, tuvo que competir con algún que otro universitario para conseguir un piso de alquiler en la ciudad. Y siempre perdía frente al estudiante. Hasta que un día se le ocurrió dar un golpe de efecto y llevar a su entrevista con el propietario el mismo uniforme que utiliza como trabajadora de una compañía aérea. "Entonces sí hubo piso para mí", cuenta la joven, que en su ir y venir en busca de vivienda en la capital gallega ha visto casi de todo, desde pequeños estudios "sin separación entre dormitorio, cocina y salón" a propietarios que no acceden a firm...

Iraly Silva, venezolana afincada en Santiago, tuvo que competir con algún que otro universitario para conseguir un piso de alquiler en la ciudad. Y siempre perdía frente al estudiante. Hasta que un día se le ocurrió dar un golpe de efecto y llevar a su entrevista con el propietario el mismo uniforme que utiliza como trabajadora de una compañía aérea. "Entonces sí hubo piso para mí", cuenta la joven, que en su ir y venir en busca de vivienda en la capital gallega ha visto casi de todo, desde pequeños estudios "sin separación entre dormitorio, cocina y salón" a propietarios que no acceden a firmar el debido contrato con el inquilino.

Las asociaciones de inmigrantes y los servicios sociales del Ayuntamiento de Santiago coinciden en subrayar que Santiago no presenta problemas graves de infravivienda, aunque no niegan que en los últimos años ésta haya cambiado ligeramente de víctimas con el aumento de la inmigración. "Es un problema general, que afecta a mucha gente, pero que suele cebarse con los más débiles", reconoce Silva, tesorera de Avesanti, asociación de venezolanos en Compostela.

El 28,6% de los pisos en mal estado se encuentran en el norte de la ciudad

Sin contrato, los afectados tienen vedado el acceso a ayudas sociales

A la angoleña Joana Castelo, sus amigos gallegos la llaman la peregrina porque, explica, desde que llegó a Europa hace 20 años no ha dejado de ir de un lado para otro. Nacida con la independencia de su país en 1975, era una adolescente cuando lo dejó, sumido en una guerra civil, aunque con el tiempo le tocaría enfrentarse a otras guerras, como la falta de empleo y las condiciones abusivas de algunos propietarios. "El dueño ponía lo que le daba la gana en la factura y me cobraba todo en dinero negro", recuerda. De viviendas en mal estado, Joana Castelo también sabe, tanto por experiencia propia como por la de otros amigos. "Conozco a un chico que paga 300 euros por un piso en el que incluso llueve en el interior", confiesa. Por supuesto, no tiene contrato. "Es injusto, pero no encuentra otra cosa".

Y es que si hay algo que complica la erradicación de la infravivienda y de los alquileres en negro es el silencio de los inquilinos a la hora de reivindicar sus derechos, algo que corrobora Mar Martín, responsable de Benestar Social del Ayuntamiento de Santiago. "Nos llegan comentarios de alquileres fraudulentos, pero no hemos recibido ninguna denuncia", explica. Y sin denuncia poco se puede hacer para frenar un fenómeno que crece al abrigo de la demanda universitaria.

"Ahora el problema es compartido entre estudiantes y personas con pocos recursos, entre ellos inmigrantes", sigue explicando la responsable de Benestar Social. Pero no son los únicos que se ven obligados a vivir en casas en malas condiciones. Un estudio realizado por el Ayuntamiento en el año 2006 cifraba en 30 los casos de infravivienda en la zona vieja. "Son alquileres de rentas antiguas, pisos viejos que no tienen ni cuarto de baño", explica Mar Martín, que afirma que sus inquilinos, buena parte de ellos ancianos, son presionados muchas veces para que terminen abandonando los pisos.

El mapa de la infravivienda en Compostela es el del casco histórico y barrios aledaños como San Pedro, Belvís y la Almáciga, que ofrecen pisos más baratos pero también más antiguos. El programa Santiago Norte, financiado con fondos europeos y puesto en marcha en 2007, calcula que el 28,6% de la infravivienda se concentra en la parte norte, donde también es mayor la tasa de residentes extranjeros (en 2007 un 5,2% frente al 4% del resto de la ciudad). Una situación que evidencia los prejuicios de los propietarios a la hora de alquilar sus viviendas.

"Al inmigrante se le pide más por el simple hecho de serlo. Para un alquiler de 300 euros, se les exige una garantía de 1.000, más de la tercera parte de lo que el inquilino pagará todo el año en mensualidades", cuenta Miguel Fernández, portavoz del Foro Galego de Inmigración. Que en Galicia no exista un racismo "de acción" no significa, argumenta, que el trato diferenciado en el acceso a la vivienda no sea "discriminatorio". Sobre todo porque el inmigrante es uno de los colectivos más prestos a "sacrificar en calidad con el objetivo de ahorrar dinero".

Pero la existencia de un contrato y de una vivienda en buenas condiciones va más allá de la cuestión puramente legal. "Sin un justificante de residencia, es imposible empadronarse, percibir ayudas como la Renta de Integración Social de Galicia (RISGA) y mucho menos optar al reagrupamiento familiar", asegura Miguel Fernández, que lamenta que la vivienda, ese negocio "tan jugoso" en Santiago, sea para muchos un obstáculo en lugar de una oportunidad.