El juez cree que promotores hicieron obras gratis al alcalde de Zurgena

Cándido Trabalón (PA), alcalde de municipio almeriense de Zurgena (con 2.986 habitantes censados) tendrá que explicar en un juicio cómo dos empresas de la construcción levantaron en unos terrenos de su padre, ya fallecido, un bloque de tres plantas y cinco estructuras de viviendas unifamiliares sin que aparentemente mediara ningún pago. El juez David Villagrá, segundo instructor del caso Costurero, le imputa un delito de cohecho porque no ha podido acreditar "pago alguno por esas obras" y por recibir "diversas cantidades injustificadas (todas ellas menores de 3.000 euros) a través de cu...

Cándido Trabalón (PA), alcalde de municipio almeriense de Zurgena (con 2.986 habitantes censados) tendrá que explicar en un juicio cómo dos empresas de la construcción levantaron en unos terrenos de su padre, ya fallecido, un bloque de tres plantas y cinco estructuras de viviendas unifamiliares sin que aparentemente mediara ningún pago. El juez David Villagrá, segundo instructor del caso Costurero, le imputa un delito de cohecho porque no ha podido acreditar "pago alguno por esas obras" y por recibir "diversas cantidades injustificadas (todas ellas menores de 3.000 euros) a través de cuentas bancarias".

En un auto fechado el 16 de junio, el juez detalla las acusaciones de los 25 imputados del caso -10 concejales, otros tantos empresarios y cinco técnicos- y da vía libre a las partes para que soliciten la celebración del juicio.

Todos los concejales de entre 2003 y 2007, excepto una edil, irán a juicio

Dos empresarios están acusados de pagar al concejal de Urbanismo

Las obras que atañen al alcalde son un edificio de tres plantas construido por la empresa New Medina Villas "con la finalidad de instalar las oficinas" en el bajo y que "beneficiaba al señor alcalde de las cuatro viviendas construidas sobre el local", recoge el juez. Juan José Galera, cuñado del alcalde y también imputado por un delito contra la ordenación del territorio, hizo de promotor en la segunda construcción. La empresa Solnor, con "varias promociones de viviendas en La Alfoquía", se encargó de la ejecución.

El regidor, que prefiere no hacer declaraciones, está acusado además de dar licencias urbanísticas ilegales por silencio administrativo; otorgar permisos de obra mayor y de segregación sin cumplir los requisitos exigidos por la ley; o certificar la antigüedad de una vivienda que no existía.

El escrito judicial ha dejado al equipo de gobierno zurgenero, enfrascado estos días en los preparativos de las fiestas de la Virgen del Carmen, sin palabras. Desde abril de 2008, cuando la Guardia Civil practicó las detenciones, aseguraban sentirse "víctimas de una persecución política" y vaticinaban que todo caería por su propio peso. La mayoría de las defensas ha recurrido el auto del juez.

El concejal de Urbanismo Manuel Tijeras, cuyo apellido inspiró a los investigadores para bautizar la operación Costurero, será juzgado por tramitar licencias al promotor Antonio López Ramos, conocido como Antonio de la Jacinta, y aceptar para uso personal un coche propiedad del empresario.

El juez cree que el edil "posiblemente trabajaba de forma encubierta" para Antonio López, especializado en vender viviendas diseminadas a ciudadanos británicos, y que podría haber recibido "distintas cantidades de dinero" por licencias anteriores. Pedro María Soto, de la empresa Procosona, también está acusado de pagar a Tijeras con talones de su compañía.

El edil será juzgado además por otorgar licencias de primera ocupación a viviendas paralizadas por orden judicial y por hacer constar en "multitud" de licencias la existencia de informes técnicos favorables imprescindibles para su concesión "a sabiendas de su inexistencia". En los últimos días, Tijeras se ha mostrado convencido de que saldrán "absueltos". El concejal, que atribuye la desdicha del municipio a la operación Costurero y al acoso de la Junta, asegura que tienen unas 500 viviendas paralizadas y apenas entran los ingresos por urbanismo.

En el juicio, que se celebrará en un año previsiblemente, también tendrán que sentarse en el banquillo diez ediles, entre los que hay miembros de la oposición (del PSOE y del PP) y del equipo de gobierno (del Partido Andalucista), por aprobar licencias de construcción en suelo no urbanizable entre 2003 y 2007.

Solo una concejal de aquella legislatura, María del Mar Simonelli, del PP, se librará del trance gracias a que recibió una asesoría de excepción. Su marido, arquitecto, le advertía antes de los plenos de los puntos en los que debía abstenerse. Simonelli, ahora fuera de la política, advirtió a sus compañeros sin éxito.