El cazo y la sartén
Una de las liebres de marzo soltadas por el PP en la campaña europea, a fin de excitar las bajas pasiones de los votantes, fue su protesta ante la Junta Electoral a cuenta de los vuelos en aviones militares del presidente del Gobierno -y a la vez secretario general del PSOE- para asistir a mítines de apoyo a la candidatura socialista. El PP no sólo pedía que Zapatero se abstuviese de utilizar el transporte oficial para fines partidistas; también exige que el coste de los desplazamientos ya realizados sea computado entre los gastos de campaña, sometidos a un techo máximo por la ley electoral. L...
Una de las liebres de marzo soltadas por el PP en la campaña europea, a fin de excitar las bajas pasiones de los votantes, fue su protesta ante la Junta Electoral a cuenta de los vuelos en aviones militares del presidente del Gobierno -y a la vez secretario general del PSOE- para asistir a mítines de apoyo a la candidatura socialista. El PP no sólo pedía que Zapatero se abstuviese de utilizar el transporte oficial para fines partidistas; también exige que el coste de los desplazamientos ya realizados sea computado entre los gastos de campaña, sometidos a un techo máximo por la ley electoral. La Junta se ha inhibido en el primer punto, ya que carece de competencias para juzgar sobre el peso desempeñado por la seguridad presidencial en la decisión de usar aviones militares (como alegan los socialistas); en cambio, se remite al Tribunal de Cuentas en lo que se refiere al cómputo de los gastos electorales.
Los aviones utilizados por Zapatero en sus viajes y la seguridad de Aznar irrumpen en la campaña europea
La tensión entre los papeles de presidente del Gobierno de toda España y de secretario general de un partido asumidos por la misma persona, la utilización del argumento de autoridad para zanjar el debate sobre los vuelos mediante la apelación a la seguridad presidencial (descargando culposamente sobre el discrepante la ominosa eventualidad de un atentado si Zapatero no viaja a un mitin en avión militar) y las diferencias entre el uso, el abuso y el aprovechamiento delictivo de bienes públicos son temas idóneos para una democracia deliberativa. Porque sería desastroso que las únicas voces audibles en esa discusión fuesen el puritanismo hipócrita de los demagogos, que aprovechan cualquier ocasión para desprestigiar a los políticos, y el realismo sucio de los cínicos, que consideran la corrupción como el lubricante del sistema democrático.
Era inevitable, sin embargo, que las críticas del PP sobre el presente provocasen una destemplada réplica del PSOE remitida al pasado. El banco de datos vergonzantes de la política española ofrece informaciones para todos los gustos. Desde las primeras elecciones de 1977 hasta hoy, el Gobierno ha sido ocupado durante 18 años por los socialistas y durante otros 14 (si se suman los mandatos de UCD y PP) por el centro-derecha. No era necesaria mucha imaginación para suponer que la munición de los socialistas en sus respuestas serían los abusos del PP durante su estancia en el poder y el trato privilegiado (en comparación con los demás ciudadanos) dispensado hoy por los servicios de seguridad del Estado al ex presidente Aznar y a otros ex altos cargos populares.
El juego del escondite de socialistas y populares a fin de ocultar los pecados propios tras las culpas ajenas recuerda la disputa entre la sartén y el cazo sobre quién tizna más. PSOE y PP también se cruzan la amenaza de airear la ropa sucia del otro en el caso de que la suya continúe saliendo a la luz. Pero si ese incoado pacto de impunidad en el seno de la clase política se consolidara, la supervivencia del sistema constitucional estaría en peligro.