La oposición de Marbella pide investigar el nuevo deslinde
Los dos grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Marbella, PSOE e IU, presentaron ayer una propuesta para la creación de una comisión de investigación sobre el nuevo deslinde con el municipio vecino de Benahavís y los posibles beneficios que la modificación podría suponer para empresas promotoras del marido y otros familiares de la alcaldesa, Ángeles Muñoz (PP). Se da la circunstancia de que la alcaldesa propuso el nuevo deslinde del término municipal en un pleno el pasado 18 de diciembre, en el que se abstuvo de votar. Sin embargo, según el PSOE, la alcaldesa se ha "autoincluido" en la co...
Los dos grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Marbella, PSOE e IU, presentaron ayer una propuesta para la creación de una comisión de investigación sobre el nuevo deslinde con el municipio vecino de Benahavís y los posibles beneficios que la modificación podría suponer para empresas promotoras del marido y otros familiares de la alcaldesa, Ángeles Muñoz (PP). Se da la circunstancia de que la alcaldesa propuso el nuevo deslinde del término municipal en un pleno el pasado 18 de diciembre, en el que se abstuvo de votar. Sin embargo, según el PSOE, la alcaldesa se ha "autoincluido" en la comisión de verificación del deslinde.
Con las nuevas fronteras, los terrenos donde el marido de la alcaldesa tiene promociones e incluso el propio domicilio familiar de Muñoz estarían dentro de Benahavís y en suelo urbanizable. Actualmente los suelos, según el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella son no urbanizables, aunque están construidos.
La portavoz del PSOE, Susana Radío, apuntó que la familia de la alcaldesa podría obtener importantes beneficios y exigió explicaciones "urgentes, creíbles y convincentes" a Muñoz. "Marbella no puede ser portada nacional otra vez por asuntos turbios", insistió. El portavoz de IU, Enrique Monterroso, dijo que los ciudadanos de Marbella "esperan que sus políticos ejemplares".
El Ayuntamiento de Benahavís, gobernado por el PP, informó ayer de que "el límite que ahora se ha fijado es el que lleva existiendo desde el año 1985", y que se trata de subsanar un error material en los documentos de planeamiento, sin que haya realmente ningún cambio real.