La precampaña del 1-M

Mar Barcón dimitirá como concejal en el plazo de 10 días

La cabeza de lista del PSOE por A Coruña y secretaria de Organización de los socialistas gallegos, Mar Barcón, aguarda hasta el último momento para dimitir como responsable de Urbanismo en el Ayuntamiento de A Coruña. Una renuncia, prevista y anunciada para finales de 2008, que la concejal esperará aún unos días en formalizar con el fin, aseguró a este diario, de "cerrar y firmar un expediente corriente pero latoso".

En todo caso, Barcón dimitirá de sus responsabilidades municipales para lanzarse de lleno a las elecciones gallegas del 1 de marzo antes del pleno que celebrará la corporac...

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La cabeza de lista del PSOE por A Coruña y secretaria de Organización de los socialistas gallegos, Mar Barcón, aguarda hasta el último momento para dimitir como responsable de Urbanismo en el Ayuntamiento de A Coruña. Una renuncia, prevista y anunciada para finales de 2008, que la concejal esperará aún unos días en formalizar con el fin, aseguró a este diario, de "cerrar y firmar un expediente corriente pero latoso".

En todo caso, Barcón dimitirá de sus responsabilidades municipales para lanzarse de lleno a las elecciones gallegas del 1 de marzo antes del pleno que celebrará la corporación coruñesa el próximo 2 de febrero. Quien sí dimitió ayer por ser candidato del BNG por A Coruña es David Pena, presidente de la Asociación de Vecinos de Monte Alto.

Ceses en la Xunta

La renuncia se produjo el mismo día en que el Consello de la Xunta aprobó el cese de cuatro altos cargos del Gobierno que se presentan a las elecciones del 1 de marzo y que de otro modo no podrian formar parte de las candidaturas. Los que abandonan sus puestos son Carme Adán y Ana Luisa Bouza (secretaria general de Igualdade y directora del Servicio de Igualdade de la Vicepresidencia, respectivamente), Abel Losada (director general del Gabinete del presidente) y Montserrat Prado (delegada de la Consellería de Innovación e Industria en la provincia de Pontevedra). La ley electoral considera inelegibles, entre otros, a los miembros del Consello de Contas y del Valedor do Pobo, alcaldes, presidentes de diputación y diputados provinciales y a los altos cargos de la Xunta.

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