Ourense pone condiciones para un plan de 1.500 pisos

La empresa inmobiliaria Flager, a la que la Diputación de Ourense cedió la finca Santamarina por 13,9 millones de euros -la cuarta parte de su valor de mercado, según los técnicos- en una operación que fue recurrida judicialmente por PSOE y BNG pero que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha avalado, se ha topado con las primeras trabas para desarrollar su proyecto urbanístico. Flager S.A. tiene licencia concedida por el anterior gobierno municipal, presidido por el PP, para construir más de 1.500 viviendas, un hotel de lujo y un gran centro comercial, pero ayer, en el primer enc...

La empresa inmobiliaria Flager, a la que la Diputación de Ourense cedió la finca Santamarina por 13,9 millones de euros -la cuarta parte de su valor de mercado, según los técnicos- en una operación que fue recurrida judicialmente por PSOE y BNG pero que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha avalado, se ha topado con las primeras trabas para desarrollar su proyecto urbanístico. Flager S.A. tiene licencia concedida por el anterior gobierno municipal, presidido por el PP, para construir más de 1.500 viviendas, un hotel de lujo y un gran centro comercial, pero ayer, en el primer encuentro institucional con el representante de la empresa, Francisco Castro, el alcalde socialista, Francisco Rodríguez, apeló al "interés general" para exigirle contrapartidas.

Rodríguez le reclamó un aumento de las cesiones urbanísticas por encima del 20% que figura en el proyecto y un aumento también en el volumen de construcción de vivienda social. Dos condiciones iniciales para que el nuevo equipo de gobierno conceda la aprobación definitiva del proyecto.

"Queremos conseguir para la ciudad bastante más de lo que se contempla en el documento inicial", reconoció tras el encuentro el regidor orensano, quien advirtó de que el planteamiento anterior estaba avalado por otro equipo municipal "pero ahora las cosas empiezan a ser distintas con el gobierno que salió de las urnas". Rodríguez mostró su respeto a los derechos de la empresa reconocidos en la sentencia del TSXG, pero explicó que le ha transmitido a los promotores la exigencia de "mejores condiciones porque esta operación singular no tiene contrapartidas para los ciudadanos".