Banderas y camisetas

EL CONGRESO DEBATIÓ el martes pasado dos temas muy queridos por los partidarios de la política de símbolos: los incumplimientos de la Ley de Banderas de 1981 y la participación en competiciones internacionales de las selecciones deportivas de Cataluña, el País Vasco y Galicia. La justificación de los partidos nacionalistas firmantes en 1998 de la Declaración de Barcelona -continuadores de la Galeuzca anterior a la Guerra Civil- para tratar de superar el marco autonómico descansa sobre una concepción plurinacional del Estado español que consagraría el derecho de autodeterminación y de acceso en...

EL CONGRESO DEBATIÓ el martes pasado dos temas muy queridos por los partidarios de la política de símbolos: los incumplimientos de la Ley de Banderas de 1981 y la participación en competiciones internacionales de las selecciones deportivas de Cataluña, el País Vasco y Galicia. La justificación de los partidos nacionalistas firmantes en 1998 de la Declaración de Barcelona -continuadores de la Galeuzca anterior a la Guerra Civil- para tratar de superar el marco autonómico descansa sobre una concepción plurinacional del Estado español que consagraría el derecho de autodeterminación y de acceso en su día a la independencia. El corolario de la definición decimonónica del Estado-nación era que las naciones sin Estado incluidas contra su voluntad dentro de estructuras políticas extrañas deberían romper los muros de esas cárceles de pueblos para acceder a la plena soberanía. Aunque entonces las realidades sustanciales fuesen la moneda, la hacienda, el ejército, las relaciones internacionales y el monopolio de la legislación, la justicia y la policía, también las banderas, las conmemoraciones y los himnos simbolizaban la unión inextricable entre la nación y el Estado.

El proceso integrador de la Unión Europea hace irreconocible el viejo diseño de soberanía: desde las instituciones de Bruselas, la moneda única, la legislación comunitaria, el tribunal de justicia, los derechos de ciudadanía y la desaparición de las fronteras interiores hasta la bandera azul estrellada y el himno beethoveniano. Pero la herencia retórica y las pulsiones emocionales del Estado-nación y de las naciones sin Estado de antaño continúan vivas. El martes pasado, el Congreso debatió una moción del PP para exigir el estricto cumplimiento de la Ley de Banderas y reforzar sus instrumentos coercitivos. Los diputados también se habían ocupado antes de dos proposiciones de ERC y CiU relacionadas con la reforma de la ley del deporte de 1990 y la participación de las selecciones de las naciones sin Estado en las competiciones internacionales.

La ley de 1981 declara que "la bandera de España simboliza la nación" y es "signo de la soberanía, independencia, unidad e integridad de la patria": debe "ondear en el exterior" y "ocupar el lugar preferente en el interior" de los edificios públicos civiles y militares y de la Administración central, autonómica y municipal. (La sentencia 119/92 del Constitucional anularía después la extensión a las enseñas autonómicas de la protección penal de la bandera española). La ley ha venido cayendo en desuso por la resistencia político-ideológica de los cargos públicos nacionalistas a su aplicación y por el descuido inercial de las autoridades municipales de los pequeños pueblos y ciudades. En cualquier caso, la sentencia del Supremo de 24 de julio, desestimatoria de un recurso contencioso-administrativo de la Academia de la Ertzaintza en Arkaute, reitera que la bandera española debe ondear "diariamente con carácter de permanencia" y "de generalidad y en todo momento".

Sin embargo, la campaña denunciadora acerca de la irregular aplicación de una ley referida sobre todo a cuestiones de ritual y protocolo es desproporcionada y demagógica. ¿Por qué no aprovechó el PP sus ocho años de gobierno y su mandato con mayoría absoluta para tomar medidas? Las dramáticas exigencias de los nacionalistas catalanes, vascos y gallegos respecto a la participación de sus selecciones en torneos internacionales también saca de quicio la política de símbolos. El ridículo despliegue de camisetas desde la tribuna del Congreso fue digno de peor causa. El precedente de los cuatro equipos británicos -Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte- carece de fuerza. De un lado, esa representación múltiple internacional tiene un elevado coste interno: ¿aguantaría la economía de los clubes catalanes, vascos y gallegos una liga endogámica? De otro, Pasqual Maragall ya se planteó el problema filológico-metafísico de cómo llamar al "resto de España" en sus partidos contra Cataluña; por si acaso, los portavoces nacionalistas descartaron en el debate -sería café para todos- que las otras comunidades también tuvieran selecciones propias en los torneos internacionales.