El Gobierno hace valer su poder en la Copa y provoca la cólera del PP
El Ejecutivo reclama su cuota de protagonismo "como mayor contribuyente"
El Gobierno hizo valer ayer su poder en la Copa del América como "mayor contribuyente" a las regatas y aprobó los estatutos del Consorcio Valencia 2009, en los que se establece una presidencia rotatoria de las tres administraciones. La decisión desató la cólera del Consell y del Ayuntamiento, cuya alcaldesa, Rita Barberá, insiste en encabezar en solitario el organismo. El Gobierno explicó que era "imprescindible" aprobar ya los estatutos porque el Consorcio debe constituirse para el pago del canon de la competición antes del día 19, e invitó a seguir negociando.
La segunda edición de la...
El Gobierno hizo valer ayer su poder en la Copa del América como "mayor contribuyente" a las regatas y aprobó los estatutos del Consorcio Valencia 2009, en los que se establece una presidencia rotatoria de las tres administraciones. La decisión desató la cólera del Consell y del Ayuntamiento, cuya alcaldesa, Rita Barberá, insiste en encabezar en solitario el organismo. El Gobierno explicó que era "imprescindible" aprobar ya los estatutos porque el Consorcio debe constituirse para el pago del canon de la competición antes del día 19, e invitó a seguir negociando.
La segunda edición de la Copa del América en Valencia se ha inaugurado igual que se cerró la primera: con la Generalitat y el Consell enfrentados al Gobierno socialista, al que han acusado incesantemente de supuesta falta de interés y de apoyo económico al evento, a pesar de que la remodelación de la dársena interior se ha costeado con un préstamo de 500 millones de euros avalado exclusivamente por la Administración central, que ha invertido también en otras infraestructuras, promoción, seguridad y el 40% del canon a la empresa America's Cup Management (ACM).
El Gobierno no está dispuesto a que se repita la dinámica de la anterior Copa, en la que el PP y especialmente Barberá capitalizaron todo el protagonismo, y considera que la forma de visualizar su participación e implicación económica en el acontecimiento es una presidencia rotatoria a tercios entre las administraciones.
Nada más firmarse el nuevo contrato para la Copa, el pasado martes, la alcaldesa, Rita Barberá, y el vicepresidente económico, Gerardo Camps, arremetieron contra la ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, por proponer la rotación, que para el Gobierno responde "al interés en mantener una participación activa". Rechazada de plano la idea por el PP, el Ejecutivo socialista tomó ayer la decisión de aprobar los estatutos, que reflejan su peso en el evento. En ese sentido, la vicepresidenta primera, Teresa Fernández de la Vega, recalcó tras el Consejo de Ministros que el Estado es "el mayor contribuyente" a las regatas. Y añadió: "Los acuerdos entre administraciones son cosa de dos, no siempre imponer una parte a la otra".
El Ejecutivo argumentó este paso en la necesidad de crear el Consorcio a tiempo para cumplir el contrato con ACM. El pago del primer plazo del canon de la competición -105 millones de euros a desembolsar en un 40% por el Estado, otro tanto la Generalitat, y el resto el Consistorio- exige al menos unos días tras la constitución del organismo y la fecha firmada expira el 19 de septiembre. No se podía esperar al Consejo de Ministros del día 14, insistieron fuentes gubernamentales.
Los estatutos, no obstante, incluyen una cláusula que permite su modificación por unanimidad, lo que deja abierta la vía de la negociación con el PP. Así lo recalcó ayer la ministra Elena Salgado, quien reiteró que no le importa el turno que le toque presidir en el Consorcio y que no tiene inconveniente en que sea tras las elecciones generales. El Gobierno, en cualquier caso, no quiere desistir de la rotación. "No es que sea irrenunciable, sino que es necesario", afirmó Salgado. "Los valencianos tienen ahora una percepción de que el Gobierno no ha hecho nada por la Copa", explicó la ministra, "cuando tenemos las facturas de lo invertido". La ausencia de la Administración del Estado de la presidencia del Consorcio, a juicio del Ejecutivo, ha pesado "de manera importante" en esa percepción "que no se corresponde con la realidad". Compartirla por turnos "es razonable en términos de equidad, y además, es manifestación de interés", insistió Salgado, que se declaró sorprendida de que el PP la acuse de querer acaparar el 33% del tiempo de protagonismo cuando Barberá ha tenido el 100% de la presidencia.
Los nuevos estatutos reducen la representación estatal y el número total de vocales de 16 a 12, de los cuales cinco serán del Estado -nombrados ayer-, cuatro de la Generalitat y tres del Ayuntamiento. Hasta ahora el Gobierno mantenía el 50%. Los acuerdos se tomarán por dos tercios.
Con los estatutos aprobados, la pelota está en el tejado de las administraciones del PP, ya que el Consorcio ha de constituirse en unos días para pagar a ACM. No hacerlo crearía un problema de salida "jurídicamente compleja" que Salgado espera no se produzca "por el bien de la Copa". La ministra presidiría la primera reunión.
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