Localismo y corrupción

ASÍ COMO NO SÓLO DE PAN vive el hombre, así el debate en torno a las elecciones del 27 de mayo para renovar los ayuntamientos en toda España y los parlamentos de 13 de las 17 autonomías no debería circunscribirse a la influencia sobre sus resultados globales de los procesos de ilegalización de las candidaturas abertzales en el País Vasco y Navarra. Sin duda, las consecuencias de esas resoluciones judiciales desbordarán las fronteras de las dos comunidades y se extenderán al resto del país: la decisión aparentemente ilógica del fiscal general y del abogado del Estado de no impugnar casi ...

ASÍ COMO NO SÓLO DE PAN vive el hombre, así el debate en torno a las elecciones del 27 de mayo para renovar los ayuntamientos en toda España y los parlamentos de 13 de las 17 autonomías no debería circunscribirse a la influencia sobre sus resultados globales de los procesos de ilegalización de las candidaturas abertzales en el País Vasco y Navarra. Sin duda, las consecuencias de esas resoluciones judiciales desbordarán las fronteras de las dos comunidades y se extenderán al resto del país: la decisión aparentemente ilógica del fiscal general y del abogado del Estado de no impugnar casi la mitad de las listas presentadas por Acción Nacionalista Vasca (ANV) -al tiempo que pedían la anulación del resto de las candidaturas como continuadoras de la actividad de Batasuna- reforzará el arsenal letal del PP para criticar los errores de la política antiterrorista del Gobierno. Pero también cabe imaginar que las adversas repercusiones de la áspera campaña lanzada por los populares desde hace dos años contra la frustada tentativa del presidente Zapatero de entablar una negociación con ETA se dejarán sentir con mayor virulencia en las elecciones generales que en las locales.

El peso en los resultados globales de las agrupaciones independientes movidas por intereses locales dificulta interpretar las municipales como primera vuelta de las legislativas

La interpretación de las municipales fijadas para el 27 de mayo como una primera vuelta de las siguientes legislativas -que se celebrarán a lo mas tardar en marzo de 2008-tropezará con serias dificultades; la exclusión de Andalucía, Cataluña, Galicia y País Vasco de las elecciones para la renovación del Parlamento de las otras trece comunidades autónomas restará autoridad a cualquier pretensión predictiva. Los desajustes y los corrimientos temporales entre las convocatorias para las Cortes (que pueden ser disueltas antes de concluir su mandato) y para los ayuntamientos (sometidos a un rígido calendario cuatrienal) han modificado el orden de precedencia y la cercanía temporal entre ambas citas electorales en el transcurso de los años. De 1979 y 1986, las legislativas se celebraron antes -entre uno y 11 meses-que las municipales; tras dos convocatorias -1989 y 1993- equidistantes en las fechas, la secuencia se invirtió bruscamente. Pero aunque los ganadores de las municipales de 1995, 1999 y 2003 repitieron su victoria en las inmediatas legislativas (el PP, en 1996 y 2000; el PSOE, en 2004), el número de votos, los porcentajes y las distancias de ambas fueron dispares.

La personalidad de los candidatos a la alcaldía, los programas de ámbito municipal y los intereses locales ejercen una considerable influencia sobre las motivaciones del voto, diferentes a veces de las preferencias partidistas expresadas en las generales. La proliferación de agrupaciones independientes en los comicios municipales es la respuesta a una demanda vecinal que no encuentra satisfacción a sus reivindicaciones específicas en las ofertas de dimensión estatal. Incluso las formaciones políticas esconden a veces su identidad -por ejemplo, en Cataluña-tras esas plataformas formalmente apartidistas a fin de optimizar sus sufragios.

Los casos de corrupción municipal aflorados durante los últimos meses son indisociables de los márgenes de discrecionalidad de que disponen los consistorios para los planes urbanísticos, las recalificaciones de suelo, las licencias de construcción y las concesiones de servicios. Aunque haya sido la manifestación elefantiásica, estridente y grosera de súbitos enriquecimientos de cargos públicos aliados con organizaciones mafiosas, Marbella no constituye una excepción a la regla: el saqueo del erario público por sus administradores y las agresiones a los equilibrios ecológicos también se produce bajo otros cielos. Una visión normativa de la democracia avanzaría la conclusión de que las elecciones del 27 de mayo deben ser aprovechadas por los votantes para expulsar a los candidatos corruptos. Hay razones para temer, sin embargo, que los aparatos de poder y las redes clientelares continuarán dominando el ámbito municipal en demasiados lugares: sobre todo si los partidos siguen cayendo en la tentación de utilizar los ayuntamientos bajo su control para financiarse con dinero negro a traves de la colusión con promotores y constructores dedicados al negocio inmobiliario.