"No podemos vivir todos de esto"

"Hay que tomar medidas porque nos estamos cargando el percebe". Amable, miembro de la cofradía de A Coruña, lanza este aviso desesperado. "Somos unos 70 percebeiros con el Permex (permiso de explotación) tanto a flote como a pie. Pero el problema es que otras 70 personas le están dando duro en zonas en veda. No sirve de nada que nosotros intentemos recuperar el recurso de un sitio si por detrás vienen otros y acaban hasta con las crías. La vigilancia casi no existe y así es imposible que vivamos todos de esto".

Amable invita a recorrer el paseo marítimo que anilla A Coruña. "En O Portiñ...

Suscríbete para seguir leyendo

Lee sin límites

"Hay que tomar medidas porque nos estamos cargando el percebe". Amable, miembro de la cofradía de A Coruña, lanza este aviso desesperado. "Somos unos 70 percebeiros con el Permex (permiso de explotación) tanto a flote como a pie. Pero el problema es que otras 70 personas le están dando duro en zonas en veda. No sirve de nada que nosotros intentemos recuperar el recurso de un sitio si por detrás vienen otros y acaban hasta con las crías. La vigilancia casi no existe y así es imposible que vivamos todos de esto".

Amable invita a recorrer el paseo marítimo que anilla A Coruña. "En O Portiño están todos los días unos 15 gitanos. Y el otro día vi a siete furtivos en La Torre. Llevamos meses vigilando para intentar recuperarla y se están llevando la cría". A quien corresponde la tarea de vigilar el furtivismo es a una quincena de inspectores de la Xunta. "Se podría evitar si las cosas se hiciesen bien", apuntan desde el Servicio Marítimo de la Guardia Civil. "La cadena comienza en la extracción ilegal y termina en el consumo. Hay permisividad por parte de todos. El furtivismo se contempla casi como algo natural".

Para Amable la situación es muy preocupante. "En Navidades puedes ganar 3.000 o 4.000 euros, pero de media sacas unos 1.000 euros por jugarte la vida". Otro de los problemas para este sector son las obras del puerto exterior de A Coruña. "Nos hemos quedado sin una de las zonas para trabajar y las cuentas son fáciles de echar". Reclaman al Ministerio de Fomento una indemnización de 27 millones de euros, que está pendiente de una resolución del Consejo de Estado.