Camps reclama más dinero para atender a los inmigrantes y el trasvase del Ebro
El presidente se queja de la indefensión en que le deja el Gobierno ante la Unión Europea
Nada que no estuviera en el guión previsto desde hacía días en el palacio de la Generalitat. Francisco Camps aprovechó su intervención en la Conferencia de Presidentes autonómicas celebrada ayer en Madrid para reivindicar más dinero para atender a la acogida de inmigrantes en la Comunidad Valenciana, el trasvase del Ebro, más policías y para quejarse de la indefensión en que se encuentra ante la Unión Europea por lo que el Consell considera una deslealtad por parte del Gobierno a la hora defender la política urbanística. Exteriores se opuso ayer a las demandas del Consell.
Camps no fue ...
Nada que no estuviera en el guión previsto desde hacía días en el palacio de la Generalitat. Francisco Camps aprovechó su intervención en la Conferencia de Presidentes autonómicas celebrada ayer en Madrid para reivindicar más dinero para atender a la acogida de inmigrantes en la Comunidad Valenciana, el trasvase del Ebro, más policías y para quejarse de la indefensión en que se encuentra ante la Unión Europea por lo que el Consell considera una deslealtad por parte del Gobierno a la hora defender la política urbanística. Exteriores se opuso ayer a las demandas del Consell.
El Consell asegura que Aragón suprimió una referencia a la solidaridad en el agua
Camps no fue el único presidente autonómico que reclamó más ayudas para el fondo de acogida e integración de inmigrantes. El catalán José Montilla exigió una dotación presupuestaria plurianual para garantizar un incremento "permanente" de recursos a las comunidades autónomas. La presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, constató que de los ingresos que generan los inmigrantes a su comunidad sólo llega "el 30% de la renta, el 35% del IVA y el 0% de sus cotizaciones a la Seguridad Social". Francisco Camps estuvo en línea con su correligionaria.
¿Cuánto dinero pidió el presidente? Al cierre de esta edición todavía no había trascendido el contenido de la intervención de Camps en la conferencia, pero fuentes del Consell señalaron que de acuerdo con un informe de la oficina económica de Presidencia del Gobierno, los inmigrantes ingresan en las arcas públicas alrededor de 32.000 millones de euros por la Seguridad Social y por el impuesto sobre la renta. Camps reclamó al Gobierno 10.000 millones para atender a los inmigrantes que, en la Comunidad Valenciana, suponen el 16,5% de los instalados en España. ¿1.650 millones, entonces? Desde el Consell no desmintieron la cifra. El presidente también reclamó un incremento de la financiación en función del aumento de la población; pero reconoció que Zapatero le había decepcionado al no aceptar su petición.
El acuerdo, de todas maneras, tal y como reconoció el presidente de Baleares, Jaume Matas, no parecía factible porque, "a su juicio", existe un "claro desacuerdo" con el Gobierno.
El consejero portavoz ya había constatado en la mañana de ayer la dificultad de llegar a acuerdo alguno con el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero en agua e inmigración. Vicente Rambla pronosticaba que no habría soluciones a estos dos problemas e insistía en las posiciones ya conocidas del Gobierno valenciano: trasvase del Ebro y solidaridad entre las diferentes cuencas. El consejero apoyó parte de su argumentación en unas manifestaciones del presidente de Extremadura, el socialista Juan Carlos Rodríguez Ibarra.
Desde el Consell se señaló que en el borrador del documento de las propuestas de resolución de la mañana figuraba una cita literal a la solidaridad entre las comunidades autónomas en materia de agua. Referencia que desapareció tras las presiones de Aragón, según estas fuentes.
Camps criticó al Gobierno por su "deslealtad" y por "colocar a la Comunidad Valenciana en indefensión [por] vetar un informe de la Generalitat para defender ante la Unión Europea la Ley de Urbanismo Valenciana (LUV)"
Ayer la Secretaría de Estado para la UE del Ministerio de Exteriores rechazaba incluir una descripción de la situación urbanística de 13 autonomías, tal y como solicitaba el Consell. La Secretaría de Estado opina que la mención de otras comunidades "podría afectar a sus intereses legítimos y nada aporta en defensa" de los valencianos. El Gobierno considera que ha actuado con "diligencia y lealtad" hacia el Consell.
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