Once empresas optan a hacer seis aparcamientos sin garantías jurídicas
La Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Vigo abrirá hoy las plicas de las once empresas que concursan para la construcción de seis aparcamientos subterráneos en dos lotes pese a la oposición del grupo municipal socialista, que ha tratado de paralizar el proceso aduciendo la inseguridad jurídica que puede derivarse del mismo.
De las once empresas que se han presentado al concurso, sólo tres optan a construir los seis aparcamientos de los dos lotes. El presupuesto global ronda los 70 millones de euros.
El pleno municipal aprobó el pasado 27 de septiembre una moción del grupo so...
La Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Vigo abrirá hoy las plicas de las once empresas que concursan para la construcción de seis aparcamientos subterráneos en dos lotes pese a la oposición del grupo municipal socialista, que ha tratado de paralizar el proceso aduciendo la inseguridad jurídica que puede derivarse del mismo.
De las once empresas que se han presentado al concurso, sólo tres optan a construir los seis aparcamientos de los dos lotes. El presupuesto global ronda los 70 millones de euros.
El pleno municipal aprobó el pasado 27 de septiembre una moción del grupo socialista que proponía la paralización del proceso de adjudicación hasta que la Xunta Consultiva de Contratación Administrativa se pronunciara sobre el asunto. El gobierno municipal ha desoído ese acuerdo.
Según los socialistas, no está clara la naturaleza jurídica del contrato, que podría resultar ser de gestión de servicios públicos, lo que haría preceptivo un estudio de viabilidad, que no está contemplado en el expediente del concurso y por esto mismo podría invalidarlo.
La Ley de Ordenación Urbanística de Galicia (LOUGA) exige la disponibilidad de los terrenos para acometer las obras y, según el grupo municipal socialista, este requisito tampoco se cumple en el expediente, ya que en tres casos el Ayuntamiento no tiene la plena titularidad del suelo donde se construirán los aparcamientos. La no viabilidad económica del primer lote cuestionaría, por último, la seguridad jurídica del concurso convocado por la administración municipal.