PLAN ANTICORRUPCIÓN DEL GOBIERNO

Alcaldes y concejales tendrán limitada su entrada a empresas al dejar el cargo

- La incompatibilidad se aplicará a sectores en los que hayan tomado decisiones - Habrá un registro de tránsfugas y los convenios se aprobarán en pleno

Los alcaldes y concejales tendrán limitada su entrada en las empresas privadas una vez que abandonen el cargo. Durante un periodo de dos años, los ediles no podrán trabajar en compañías pertenecientes a los ámbitos en que hayan tomado decisiones. Esta incompatibilidad es una de las principales medidas contenidas en el plan anticorrupción que prepara el Gobierno después de meses de escándalos y detenciones.

La piedra angular de esta iniciativa es el proyecto de Ley de Gobierno Local, preparado por el Ministerio de Administraciones Públicas. La norma, aparte de las incompatibilidades, imp...

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Los alcaldes y concejales tendrán limitada su entrada en las empresas privadas una vez que abandonen el cargo. Durante un periodo de dos años, los ediles no podrán trabajar en compañías pertenecientes a los ámbitos en que hayan tomado decisiones. Esta incompatibilidad es una de las principales medidas contenidas en el plan anticorrupción que prepara el Gobierno después de meses de escándalos y detenciones.

La piedra angular de esta iniciativa es el proyecto de Ley de Gobierno Local, preparado por el Ministerio de Administraciones Públicas. La norma, aparte de las incompatibilidades, impone que los altos funcionarios (interventores, secretarios generales o arquitectos municipales) hagan declaración pública de intereses. Asimismo, el proyecto establece la obligación de pasar por el pleno municipal (público y con participación de todos los concejales) las permutas y convenios, una vía habitual de pagos ilegales.

En esta línea de transparencia se dará más poder a los concejales para recibir información municipal sensible y se creará en el Ministerio de Administraciones Públicas un registro nacional de tránsfugas. La inclusión en esta base de datos será decidida por una comisión especial. El Gobierno pretende consensuar estas medidas con los grupos parlamentarios para su aprobación en los próximos meses.

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