La CMT recurre ante el Tribunal Supremo el reglamento sobre televisión por cable
Los planes del Gobierno para regular la televisión por cable han chocado contra la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT). Este organismo recurrirá ante el Tribunal Supremo el real decreto aprobado por el Consejo de Ministros a finales de julio por entender que el Ejecutivo invade sus competencias a la hora de otorgar licencias para emitir canales de radio y televisión por cable. Este sistema de transmisión incluye aquellas emisiones que se realicen a través de ADSL o de la línea telefónica.
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Los planes del Gobierno para regular la televisión por cable han chocado contra la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT). Este organismo recurrirá ante el Tribunal Supremo el real decreto aprobado por el Consejo de Ministros a finales de julio por entender que el Ejecutivo invade sus competencias a la hora de otorgar licencias para emitir canales de radio y televisión por cable. Este sistema de transmisión incluye aquellas emisiones que se realicen a través de ADSL o de la línea telefónica.
Según el Reglamento general de prestación del servicio de difusión de radio y televisión por cable, el Gobierno dejaba en manos del Ministerio de Industria la autorización administrativa para aquellos operadores cuyo ámbito de cobertura superara el territorio de una comunidad autónoma. Además, otorgaba a Industria las competencias para inspeccionar y controlar las obligaciones de los cableoperadores.
Sin embargo, la CMT entiende que dicho reglamento "vulnera sus competencias en materia audiovisual", ya que el Gobierno asume funciones que pertenecen al organismo regulador. Según la ley de creación de la CMT, de 1999, esta entidad tiene atribuciones para conceder licencias de televisión por cable. Y también tiene la responsabilidad de velar por la libre competencia en ese sector. Sin embargo, el texto del Gobierno recortaba tales competencias, al dejar en sus manos únicamente la gestión del registro de autorizaciones.
La CMT ha acordado acudir al Supremo argumentando que la ley que regula su funcionamiento tiene un rango superior al reglamento aprobado por el Consejo de Ministros. Ya durante el examen de aquel texto, la CMT mostró su "disconformidad" porque no se ajustaba a la legalidad vigente.
El reglamento, que recortó de 11 días a 3 la obligación de las cadenas de anticipar su programación, recoge que las plataformas de televisión por cable que ofrezcan más de 30 canales deberán reservar el 30% a empresas independientes y obliga a los operadores a difundir la programación de los canales analógicos hasta su extinción, en abril de 2010.