La placa desde la que cayó un trabajador en una tuneladora de la M-30 estaba sin anclar
Fernando Quesada, el obrero de 30 años que falleció el lunes pasado al caerse en las obras de la M-30, estaba apoyado en una plancha de acero que estaba sin anclar al suelo, según confirmó ayer el consejero de Empleo y Mujer, Juan José Güemes. La víctima estaba limpiando con otro obrero la chapa que une las vagonetas de la tuneladora Tizona cuando la placa cedió y ambos cayeron desde unos seis metros de altura. Su compañero está ingresado con pronóstico grave en el hospital Doce de Octubre.
El Gobierno regional ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido. A falta de ...
Fernando Quesada, el obrero de 30 años que falleció el lunes pasado al caerse en las obras de la M-30, estaba apoyado en una plancha de acero que estaba sin anclar al suelo, según confirmó ayer el consejero de Empleo y Mujer, Juan José Güemes. La víctima estaba limpiando con otro obrero la chapa que une las vagonetas de la tuneladora Tizona cuando la placa cedió y ambos cayeron desde unos seis metros de altura. Su compañero está ingresado con pronóstico grave en el hospital Doce de Octubre.
El Gobierno regional ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido. A falta de que el informe del inspector quede definitivamente cerrado, el consejero adelantó ayer que la empresa para la que estaba subcontratado Fernando Quesada, Montiel, ha cometido "una irregularidad muy grave". "Las planchas que unen los módulos de las vagonetas de la tuneladora tienen que estar soldadas y esta placa estaba suelta. El inspector, si aprecia que hay indicios de delito, remitirá el caso al fiscal", explicó Güemes. El proceso penal paralizaría la sanción administrativa, pero, si ésta saliese adelante, podría llegar "hasta una multa de 600.000 euros", según el consejero.
"Habría además una responsabilidad subsidiaria por parte de la empresa que tiene contratada la obra
[la unión temporal de empresas (UTE) que forman FCC y Dragados]", agregó Güemes.
Esta es la teoría. En la práctica, los sindicatos siempre se han quejado de que en Madrid ningún empresario ha ido a la cárcel por una muerte laboral porque las condenas siempre han sido menores a dos años y que en muchos casos las sanciones son muy bajas.
A la petición sindical de que el Gobierno regional publique la lista de las empresas que no cumplen con la ley de prevención de riesgos laborales, Güemes contestó que la idea se pondrá en marcha "cuando el Consejo de Estado emita un dictamen favorable a la publicación de dicha lista".
UGT, CC OO, y también los grupos municipales de PSOE e IU, han pedido al Ayuntamiento de Madrid responsabilidades por lo ocurrido en la M-30. Los sindicatos y la oposición denuncian que en este tajo los obreros tienen horarios abusivos y que están sometidos a mucha presión para terminar la obra cuanto antes. El concejal socialista Óscar Iglesias asegura que desde que empezó la reforma de la M-30 -en septiembre hará dos años- se han producido un total de 300 accidentes laborales y han muerto tres obreros.
Este periódico intentó ayer sin éxito recabar la opinión del Ayuntamiento. El consejero Güemes afirmó que el consistorio madrileño no tiene "ninguna responsabilidad en el accidente ocurrido en la M-30".