Medios y partidos
LA PROPUESTA DE REFORMA de la Ley de Financiación de los Partidos de 2 de julio de 1987 presentada por Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y admitida a trámite de forma unánime en septiembre de 2005 por el Congreso, ha salido de la sospechosa modorra provocada por las 28 prórrogas concedidas sucesivamente al plazo de presentación de enmiendas. Movido por su habitual optimismo, el presidente del Gobierno anunció en su día que la norma entraría en vigor antes de que concluyera el periodo de sesiones; el pasado 20 de junio, sin embargo, tan sólo se cerró el trámite para la aceptación de enmie...
LA PROPUESTA DE REFORMA de la Ley de Financiación de los Partidos de 2 de julio de 1987 presentada por Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y admitida a trámite de forma unánime en septiembre de 2005 por el Congreso, ha salido de la sospechosa modorra provocada por las 28 prórrogas concedidas sucesivamente al plazo de presentación de enmiendas. Movido por su habitual optimismo, el presidente del Gobierno anunció en su día que la norma entraría en vigor antes de que concluyera el periodo de sesiones; el pasado 20 de junio, sin embargo, tan sólo se cerró el trámite para la aceptación de enmiendas, que despeja el terreno a la ponencia y al dictamen de la Comisión Constitucional. Los reiterados fracasos cosechados durante las anteriores legislaturas por las tibias tentativas de actualizar y modificar la envejecida ley de 1987 -cuyos defectos y omisiones han facilitado y potenciado las prácticas de financiación irregular- se debieron probablemente a un cierto tacto de codos o a una complicidad pasiva entre los grandes partidos a fin de mantener ese statu quo normativo tolerante con los enjuagues.
Los reiterados fracasos en anteriores legislaturas por las tibias tentativas de actualizar la envejecida ley de 1987 quizá se debieron a una complicidad pasiva entre los grandes partidos
Hasta la furia reformista desplegada por los republicanos bajo la bandera de garantizar la limpieza de los fondos obtenidos por los grupos políticos (la responsabilidad social de los partidos -dijo su portavoz, Joan Puigcercós, en el Congreso- sería simplemente "no robar y no mentir") ha quedado puesta en cuestión. La razón es el descubrimiento de los coactivos métodos utilizados por Xavier Vendrell (secretario de organización y finanzas de ERC y a la vez secretario general de la consejería de Presidencia y más tarde efímero consejero de Gobernación) para exigir contribuciones a los altos cargos, nombramientos de confianza, funcionarios asignados a puestos de libre designación y personal contratado de los seis departamentos de la Generalitat bajo control republicano. La fiscalía investiga las implicaciones penales de ese turbio asunto.
Aunque la cuota mayor de los ingresos de las formaciones políticas corresponda a la financiación pública (los fondos presupuestarios sufragan las campañas electorales, los gastos generales, los grupos parlamentarios y las fundaciones de los partidos), la proposición de ley en curso se ocupa básicamente de las fuentes privadas. Todos los grupos están de acuerdo en suprimir por completo las donaciones anónimas que la norma de 1987 autorizaba dentro de ciertos límites cuantitativos: la experiencia ha demostrado que esa vía era un coladero de dinero opaco del que se han beneficiado especialmente CiU y PNV. Aunque las donaciones personales nominativas se sigan admitiendo, hay discrepancias sobre su cuantía: desde los 30.000 euros de ERC hasta los 90.000 del PP y los 100.000 de CiU. Las aportaciones de las personas jurídicas, admitidas con restricciones por la actual ley, son rechazadas por el PSOE, ERC e IU; el PP se limita a endurecer los requisitos exigidos a las donaciones empresariales. El Tribunal de Cuentas ya había llamado la atención del Congreso acerca del extraño silencio guardado por la ley de 1987 sobre las condonaciones bancarias del principal y/o los intereses de créditos, una práctica irregular de la que se han beneficiado casi todos los grupos políticos; los 40 millones de euros perdonados a los socialistas en fechas recientes, sin embargo, les han dejado solos en la picota. En cualquier caso, la regulación de las relaciones crediticias entre los partidos y los bancos o cajas es tan necesaria como urgente.
La curiosa enmienda presentada por el PNV para que los artículos de los medios de comunicación favorables a un partido sean considerados prestaciones en especie parecería una broma si no revelase al tiempo un recelo enfermizo hacia la prensa. Aunque el Partido Nacionalista Vasco admita de labios hacia fuera la legitimidad de los respaldos periodísticos "que apoyen de modo expreso o beneficien directamente el interés electoral de una formación política", también exige que sean computados por el Tribunal de Cuentas como ingresos cuantificables en los balances de los partidos. Si la sobrevaloración por el PNV del "influjo dominante" de los medios de comunicación en los resultados electorales resulta caricaturesca, el despreciativo tratamiento dado a sus profesionales como mercenarios al servicio de los partidos es simplemente ofensivo.