El fiscal pide 7 años de cárcel por estafa para un mando de la policía de Cádiz
La sección quinta de la Audiencia de Cádiz dejó ayer visto para sentencia el juicio contra el ex intendente de la Policía Local de Cádiz José Luis Quinteiro González por presuntos delitos de apropiación indebida, estafa y falsedad documental. La Fiscalía pidió una condena de siete años de cárcel por apropiarse, supuestamente, de 4.547 euros de multas de tráfico y 10.625 de cursos de formación en la Escuela de Policía Local gaditana. El imputado negó todas las acusaciones.
Los hechos se remontan a 2002, cuando el Ayuntamiento de Cádiz puso en conocimiento de la Fiscalía de Cádiz una seri...
La sección quinta de la Audiencia de Cádiz dejó ayer visto para sentencia el juicio contra el ex intendente de la Policía Local de Cádiz José Luis Quinteiro González por presuntos delitos de apropiación indebida, estafa y falsedad documental. La Fiscalía pidió una condena de siete años de cárcel por apropiarse, supuestamente, de 4.547 euros de multas de tráfico y 10.625 de cursos de formación en la Escuela de Policía Local gaditana. El imputado negó todas las acusaciones.
Los hechos se remontan a 2002, cuando el Ayuntamiento de Cádiz puso en conocimiento de la Fiscalía de Cádiz una serie de supuestas irregularidades que detectó en el cobro de las multas de tráfico y en la gestión de la Escuela de la Policía Local de Cádiz.
Según la denuncia municipal, este mando ordenó que las multas de tráfico de pago inmediato se las entregasen a él personalmente en lugar de que se remitiesen directamente a la oficina administrativa y al Negociado de Multas. El acusado negó que los agentes policiales tuviesen la orden de entregarle el dinero de las multas en sobres cerrados en los que se detallaba el boletín de las denuncias y las copias correspondientes, como reiteró ayer en su acusación el Ministerio Público.
José Luis Quinteiro negó también que, como responsable de los cursos de formación de la Policía Local, obtuviese ingresos añadidos al duplicar las horas de docencia para encubrir la supuesta liquidación fraudulenta. Reconoció que incluyó a su esposa como integrante de la plantilla de profesorado que impartía los cursillos con la premisa de cobrar "más rápidamente" el dinero que le correspondía a él.
Estas explicaciones no satisficieron a la Fiscalía de Cádiz que solicitó una pena de siete años de cárcel, inhabilitación especial por sufragio pasivo durante el tiempo de condena, una multa de 20 meses con una cuota diaria de seis euros y una indemnización a la administración pública de 15.000 euros, el mismo dinero que supuestamente obtuvo irregularmente.
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